• Triplicaron precios para privatizar el alumbrado público a empresa ligada a priistas de Nayarit, calificando al municipio como incapaz de ofrecer el servicio público Carlos Ibarra Meza La Paz, Baja California Sur.- La privatización del alumbrado público era una de las estrategias que a lo largo de los cuatro años buscó la administración priista, primero con Esthela Ponce Beltrán, ahora diputada federal, y que siguió con el ex alcalde Francisco Ignacio Monroy Sánchez; pero no pudo consolidarse tras una investigación del XV Ayuntamiento de La Paz.

Otra ilegalidad del ayuntamiento priista en La Paz

Simplemente, en el Dictamen Técnico que aprobó la administración priistas de La Paz, la empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclado de Occidente SA de CV triplicó costos de operación, aun así la Licitación Pública LPM:000SPAC01/15 le fue adjudicada. Durante su gobierno, Ponce Beltrán rechazó la existencia de algo turbio; “no hay nada que esconder”, se atrevió a decir el 14 de octubre de 2014. Sin embargo, en un análisis minucioso del documento hecho por el equipo del alcalde Armando Martínez Vega manifiesta lo contrario. En un extenso paquete presentado hace unos días, la autoridad municipal desglosa las innumerables inconsistencias de los funcionarios y regidores, personajes como el ex secretario general Marco Antonio Núñez Rosas, quien también fue acusado por ciudadanos de actuar a favor del proyecto minero Los Cardones, cuando aprobaron de forma irregular el cambio de uso de suelo de 18 predios en Sierra La Laguna. Conforme a datos proporcionados por el Departamento de Alumbrado Público, anexo a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, “el costo de operación, mantenimiento y reparación de la Red de Alumbrado Público en General, es decir, incluyendo luminarias, postes, bases para postes, cable y demás insumos, así como el gasto de operación y mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades vehiculares es de 500 mil pesos”. El Comité Técnico Especializado del XIV Ayuntamiento de La Paz, cuando Francisco Ignacio Monroy Sánchez tomó las riendas, calificó como “incosteable y deficiente o bien técnicamente inviable” y, por tal motivo, vio necesaria la privatización del servicio. “En la Novena Cláusula de Título-Concesión se estableció una tarifa mensual de 3, 958,325 más IVA, es decir, 4, 603,257 pesos por concepto de prestación, explotación, administración y conservación de servicios públicos municipales de alumbrado público de La Paz, BCS”, se lee en el documento del XV Ayuntamiento. De acuerdo con el Diagnóstico Preliminar de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales señala que el Grupo Integral de Recolección y Reciclado de Occidente SA de CV recibiría una utilidad bruta de 2, 373,224 pesos. El gobierno priista también ocultó información sobre la revocación de una concesión otorgada en 2007 a la compañía, porque incumplió con su deber. El trato con la administración del PRI, pero de Bahía Bandera, Narayit, era encargarse de la recolección de basura. Dicha información fue bloqueada para ayudar a la empresa, sin importar lo establecido en el artículo 145 en el apartado IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Baja California Sur, y que relata las prohibiciones para el otorgamiento de concesiones: “Las personas físicas o morales que en los últimos cinco años se les haya revocado otra concesión para la prestación de servicios públicos municipales en el estado o en cualquier parte de la república mexicana , así como empresas en que sean representantes o tengan intereses económicos, las personas a que se refieren las fracciones anteriores.” Son varias las irregularidades detectadas como el uso de fotografías no pertenecientes a proyectos de la compañía, misma que nunca ha realizado trabajos relacionados con el alumbrado público. Otro de los problemas que presentó el procedimiento ocurrió en Cabildo. José de la Toba Camacho del Partido Nueva Alianza, aliado del PRI en las pasadas elecciones, violentó las leyes internas del ayuntamiento, y decidió votar por la aprobación sin importar que el asunto estuviera en el Congreso del Estado. “Lo anterior, pese a que la reglamentación municipal establece que dentro del apartado de asuntos generales se pueden someter a consideración puntos de acuerdo y dictámenes, siempre y cuando sean de pronta y obvia resolución, resultando incongruente que el tema de la concesión del alumbrado público sea un tema de pronta y obvia resolución”, expresan al respecto de la aprobación que se dio el 03 de junio de 2015 de un tema congelado hasta entonces desde 2014. Y no sólo eso, en el proceso de la licitación sólo se dieron dos días hábiles para dar entrada a las compañías interesadas: del 20 al 22 de mayo de 2015. El dictamen se dio el 29 de mayo del mismo año, y unos días después, el 03 de junio, se ordena la publicación de los resultados por órdenes de Marco Antonio Núñez Rosas a la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de BCS. Del mismo modo se aprobó la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el mismo 03 de junio. “En este contexto, la resolución emitida por el XIV Ayuntamiento de La Paz, por el cual se aprobó el dictamen técnico de la comisión especializada, es totalmente carente de fundamentación y motivación, pues se limita a enumerar sus conclusiones sin dato alguno”, expresa la autoridad en turno.

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