Al promulgar la reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que para superar un problema estructural los mexicanos requieren una solución estructural.

Dijo que la corrupción es un mal que afecta la vida económica, política y social de cualquier nación; “es un flagelo que –indicó- limita el crecimiento a las empresas, socaba la confianza en el servicio público y, sobretodo, que impide al ciudadano ejercer plenamente sus derechos”.

Peña Nieto confía en que México derrotará la corrupción

Ante representantes de los otros Poderes de la Unión, gobernadores y líderes partidistas, subrayó que esta reforma fija las bases institucionales que los servidores y particulares que incurran en actos de corrupción sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.

Este –asentó- es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor para eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias entre otros actos indebidos. En pocas palabras, es una reforma contra la impunidad.

“Como Presidente de la República estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, puntualizó el Presidente.

Enfatizó que hace algunas décadas en el país se dudaba que hubiera una auténtica democracia, incluso se consideraba impensable una alternancia en la Presidencia, pero que esas creencias del pasado “eran falsas”.

“Esta experiencia de cambio institucional, de cambio de mentalidad, pero sobretodo de cambio cultural nos demuestra que sí es posible evolucionar, que sí es posible transformar a nuestro país y un esfuerzo ciudadano que se da de manera sostenida.

“La misma incredulidad que en su momento generó la transición es la misma que hoy existe en torno a nuestra capacidad, como nación, de combatir a la corrupción. Pero estoy seguro de que así como los mexicanos hemos logramos consolidar nuestra democracia así también habremos de vencer este desafío”, dijo.

El presidente Peña Nieto enfatizó que al igual hace décadas la exigencia de la sociedad llevó a cambiar las instituciones políticas, hoy también está transformando las instituciones en favor de la transparencia y la honestidad.

Asentó que con las reformas constitucionales en materia de transparencia y combate a la corrupción, México tiene hoy dos pilares para lograr una función pública basada en la integridad y la rendición de cuentas.

Subrayó que con estas dos reformas se logran los objetivos de obligar a todos los Poderes y Órdenes del Estado Mexicano a hacer más transparente su diario actuar y se crean mecanismos para ejercer un mayor control sobre el gasto público.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, hizo notar que en 2014, según el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de cero a 100, la misma que hace 20 años, ubicándose en el lugar 103 entre 175 naciones.

Estableció: “Esto es inaceptable y es inaceptable que México tenga una calificación tan baja, no solo por la posición en si misma sino por la insatisfacción y desconfianza en las autoridades que ello refleja.

“Por eso, la lucha contra la corrupción debe ser un desafío que nos convoque y nos comprometa a todos los mexicanos. Para superar un problema estructural requerimos igualmente una solución estructural, necesitamos una respuesta institucional, amplia y sistémica, permanente y decisiva”.

Subrayó que esta reforma constitucional, a la que definió como el cambio estructural número 12 y que requirió modificar 14 artículos de la Carta Magna, ofrece una respuesta de esta magnitud al crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Señaló que el primer compromiso que firmó como candidato a la Presidencia y la primera iniciativa que impulsó en el Congreso como Presidente electo, con el apoyo de distintos grupos parlamentarios en noviembre de 2012, culminó en esta reforma constitucional.

Afirmó que el resultado de este proceso legislativo, a partir del debate que se desarrolló en el Congreso y una inédita participación de la sociedad civil y de expertos, es superior y más amplio que la iniciativa constitucional.