La Paz, Baja California Sur.- Tras la protesta de pescadores ribereños por presuntos abusos de autoridad, decomisos de combustible y la detención de un trabajador del mar acusado de huachicoleo, el gobernador del estado llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a aplicar criterios más flexibles y exhortó al Congreso local a revisar la legislación vigente para adecuarla a las condiciones de Baja California Sur (BCS).

“Debe haber orden, pero también sentido común”, expresó el mandatario, al considerar que muchas comunidades pesqueras operan en aislamiento, sin expendios cercanos de gasolina, por lo que transportar combustible es una práctica común y necesaria para poder salir a pescar.

La declaración se da luego de que se hiciera público el caso de un pescador detenido durante un operativo en el retén de La Ardilla, donde marinos y policías estatales confiscaron combustible que llevaba con factura en mano, y lo mantuvieron privado de su libertad durante dos días, bajo cargos relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Actualmente, la ley federal permite transportar hasta 300 litros de gasolina, pero el gobernador planteó que esta cifra podría ser insuficiente en estados como Baja California Sur. “Habría que ver la posibilidad de que se amplíe en BCS por tantas comunidades pesqueras alejadas, como La Purísima, San Isidro o Bahía Tortugas, donde incluso ya no hay gasolineras operando”, señaló.

El mandatario hizo un llamado a la FGR para que, en zonas sin acceso a combustibles, se establezcan criterios especiales o acuerdos con la comunidad, con el fin de evitar injusticias. “No se puede tratar igual a quien vive en una ciudad que a quien está a horas del expendio más cercano. Eso se ha hecho siempre”, reiteró.

Aunque reconoció la necesidad de vigilar que el combustible no se use para actividades ilícitas, como el narcotráfico o el trasiego de armas, también advirtió que la respuesta no puede ser la criminalización de quienes históricamente han abastecido sus embarcaciones para subsistir. Recordó que en Bahía Tortugas se incautó combustible abandonado sin responsables, lo que provocó alarma por el riesgo de explosión, pero que en otros casos sí hay facturas y usos legítimos.

Por ello, pidió al Congreso del Estado valorar con responsabilidad la propuesta de los pescadores para modificar el marco legal, considerando la geografía y condiciones de las comunidades costeras. Además, propuso impulsar la instalación de expendios de combustible regulados en puntos estratégicos, para evitar riesgos y conflictos innecesarios.

“Tenemos que vernos como lo que somos en la práctica: una isla. Y sobre esa base construir soluciones que respondan a nuestras necesidades reales”, concluyó.