Estado de México. - La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, luego de que el Senado reconociera que hay aspirantes con estos vínculos.

“Desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta (electoral), ponerse una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona”, expresó la mandataria en la Mañanera del pueblo.

Sheinbaum hizo esta petición tras las declaraciones del día de ayer del presidente del Senado, Fernández Noroña, quien expuso que han “detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder” al Poder Judicial mediante las elecciones del 1 de junio.

Además, la agrupación civil Defensorxs documentó 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera

También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales, le apodaban “el fiscal del terror” cuando ocupó tal cargo (2020-2022) y está señalado por posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.

Ante la polémica, la mandataria señaló que puede presentarse una queja “si hay algún caso en donde se encuentre que” un candidato a juez o magistrado “no cumple con la Constitución”, que establece que los aspirantes deben tener “probidad” y una calificación de 8 sobre 10 en sus estudios universitarios.

“Pero tendrían que presentarse todas las pruebas de que es así, pero hasta ahora quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral”, acotó.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial el 1 de junio, cuando un récord de 99,7 millones de votantes está llamado a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, incluyendo la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el 30 de marzo tras alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios y, por ende, en la justicia.