La Paz, Baja California Sur.-  Las amenazas dejaron de ser solo letras estampadas en una manta. En menos de 24 horas, Baja California Sur (BCS) fue escenario de una jornada sangrienta que sacudió a sus instituciones de seguridad. El crimen organizado lanzó un mensaje, y lo respaldó con plomo: dos militares asesinados en Mulegé, un mando de la Procuraduría ejecutado en La Paz y un cuerpo con signos de tortura abandonado en Los Cabos.

Todo comenzó con la aparición de una narcomanta en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. La advertencia era clara: iban por comandantes municipales, estatales y de la Procuraduría. La amenaza tomó forma con rapidez y brutalidad.

Fue un martes negro para la sociedad sudcaliforniana, las fuerzas armadas y las autoridades de procuración de justicia. Desde temprano, el hallazgo de una narcomanta en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos encendió las alarmas. El mensaje, firmado por el crimen organizado, no dejaba espacio para dudas: acusaciones directas a mandos policiales y una advertencia mortal. “Ya los tenemos ubicados”, decía.

·        Horas más tarde, la amenaza empezó a cumplirse.

En el norte del estado, en Guerrero Negro, Mulegé, se dio a conocer la primera tragedia del día. Dos elementos del Ejército Mexicano fueron atacados a balazos. Uno de ellos murió en el lugar; el otro, un subteniente en activo, falleció más tarde en el hospital donde era atendido. No hubo contexto claro, ni comunicado oficial. Solo el reporte del ataque y la confirmación de dos bajas más en las filas de las fuerzas armadas.

Minutos después, la violencia alcanzó el corazón de la capital. En La Paz, Ulises Omar Cota Montaño, jefe de la unidad antinarcóticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue ejecutado al llegar a su domicilio en la colonia Camino Real. Un dron sobrevolaba la zona y registró todo: la persecución y el ataque directo al funcionario. El video fue difundido en redes sociales y retomado por los medios de comunicación.

·        Cota Montaño era sobrino del exgobernador y actual funcionario federal, Leonel Cota Montaño. 

En Los Cabos, el hallazgo fue igual de estremecedor. A orillas de un camino de terracería rumbo a la presa San Lázaro, fue localizado el cuerpo de un hombre con signos evidentes de violencia. Vestía un short naranja y estaba degollado. No tenía identificación. La Procuraduría abrió una carpeta por homicidio doloso, pero hasta ahora, no hay información sobre los responsables.

Estos hechos no son aislados. Apenas días antes, otras narcomantas habían aparecido en La Paz, advirtiendo el regreso de la violencia por la disputa de plazas criminales. El mensaje en Los Cabos fue más claro y más directo: amenazas con nombres, cargos y posibles blancos. Esa mañana, las advertencias dejaron de ser solo palabras.

Por la noche, a través de un mensaje con una esquela que compartió en sus redes oficiales, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío condenó los hechos y aseguró que “no se dará un paso atrás”. 

Al tiempo, se informó a través de un comunicado oficial que se convocó de inmediato a una sesión extraordinaria de la Mesa de Seguridad, donde se acordaron operativos especiales, mayor presencia policial y reforzamiento de la coordinación entre las fuerzas del orden.

Sin embargo, en las calles, la zozobra volvió a instalarse. Convoyes armados y retenes improvisados marcaron el ritmo de un día que recordó a los años más duros de la violencia en Baja California Sur. La jornada dejó cuatro personas asesinadas: dos militares, un mando ministerial y un civil no identificado