• Según estimaciones de Tejiendo Redes Infancia, los cárteles de narcotráfico reclutan anual-mente entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes.
Fotogalería
Estado de
México. - En el marco del Día del Niño y la Niña, Juan Martín Pérez García,
coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, advirtió que el reclutamiento
forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado
representa una deuda pendiente del
Estado mexicano.
Esto, al no
garantizar la protección de sus derechos fundamentales ni atender las recomendaciones internacionales
en la materia.
“Desde hace
dos décadas, este crimen se ha extendido en el país en el contexto de la guerra
contra el crimen organizado”, sostuvo Pérez García, quien subrayó que los
conflictos armados obligan a la niñez a vivir en condiciones de violencia
y desplazamiento, despojándolos
de su infancia y de sus derechos básicos.
Según
estimaciones de Tejiendo Redes Infancia, los cárteles de narcotráfico reclutan
anualmente entre 35 mil y 45 mil niñas,
niños y adolescentes.
“Les
ofrecen promesas de dinero rápido
y protección, lo que los lleva a integrarse a estos grupos criminales”, explicó
el coordinador regional mediante un comunicado.
“Los condenan
a vivir rápido y morir jóvenes, pues son vistos como blancos fáciles debido a
su vulnerabilidad, su necesidad de pertenencia e identidad propia, y su
búsqueda de sobrevivencia.”
Pérez García
alertó que este crimen internacional provoca “un trágico efecto dominó en el
que las víctimas se convierten en perpetradoras”
y lamentó que actualmente no existan cifras oficiales sobre el reclutamiento de
menores de edad en México.
Detalló que
las tareas asignadas a niñas y niños van desde funciones de mensajería y
vigilancia como “halcones “,
hasta la participación en actividades como tráfico y venta de drogas, robo,
extorsión y homicidio.
En ese
sentido, señaló que “estas actividades delictivas deben ser tipificadas legalmente “, ya
que su reconocimiento en el marco jurídico “permitiría sentar las bases para
una política pública estructural que enfrente este crimen”.
Además de
contabilizar las carpetas de investigación y los perfiles de los casos,
visibilizando la magnitud real del
problema.
Recordó que,
en 2021, Tejiendo Redes Infancia presentó un estudio sustentado
en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual
identificó el perfil de la niñez más vulnerable en zonas con altos índices de
homicidio y violencia.
“Este perfil
incluye la desvinculación del sistema educativo, antecedentes familiares de
encarcelamiento o consumo de drogas, y exposición a ambientes de violencia intrafamiliar grave”,
explicó.
Agregó que
estas condiciones son aprovechadas sistemáticamente por los cárteles para reclutar
menores.
En cuanto a
las obligaciones internacionales del Estado mexicano, Pérez García destacó que
el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en el marco del Protocolo
Facultativo sobre la participación de la niñez en conflictos armados, emitió en
2011 recomendaciones específicas,
ratificadas nuevamente en 2015 y en 2024.
“Estas
recomendaciones incluyen tres elementos esenciales: la tipificación del delito
de reclutamiento forzado en el código penal; la creación de programas
integrales de desvinculación, rescate, inserción social y tratamiento psicológico especializado;
y la construcción de una cultura de paz desde los territorios, con énfasis en
las escuelas”, detalló.
Sin embargo,
denunció que “durante 14 años el Estado mexicano no ha atendido estas
recomendaciones” y lamentó que se mantengan narrativas que “desinforman de
manera falaz” al presentar a las y los adolescentes en conflicto con la ley
como impunes y liberados rápidamente, lo que alienta propuestas legislativas
orientadas a “reducir la edad penal o
aumentar las sanciones”, medidas que vulneran sus derechos humanos y
contradicen tratados internacionales sobre justicia restaurativa y tratamiento
diferenciado para adolescentes.
Juan Martín
Pérez García subrayó que la estrategia actual, basada en la militarización,
el populismo punitivo y la
criminalización de la pobreza, “no atiende las causas estructurales que
facilitan el reclutamiento forzado”.
En su
opinión, es imprescindible impulsar acciones que no se limiten a medidas aisladas, sino que se
enmarquen en una política pública integral que responda de manera efectiva a
esta grave problemática.
Finalmente,
invitó a la sociedad a sumarse a la exigencia de proteger a la niñez y
adolescencia mexicana firmando la petición pública en: https://www.change.org/ninezlibredeguerra