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Hoy es viernes, 4 de abril de 2025

Citan a audiencia penal al exalcalde Rubén Muñoz y líder del PRS por uso ilícito de atribuciones

• Esto por la aprobación del desarrollo inmobiliario “Misión Punta Norte” el 25 de marzo de 2021.

Citan a audiencia penal al exalcalde Rubén Muñoz y líder del PRS por uso ilícito de atribuciones

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La Paz, Baja California Sur. – El exalcalde de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, ha sido citado a comparecer este viernes 4 de abril ante el Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Partido Judicial de La Paz.

 

Lo anterior, como probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 280 del Código Penal de Baja California Sur (BCS).

 

La audiencia inicial tendrá lugar a las 11:00 horas en la sala de oralidad 02 del Centro de Justicia Penal, ubicado en bulevar Luis Donaldo Colosio y Agustín Olachea, colonia Emiliano Zapata.

 

Junto con el exedil, también fueron citados Juan Ramón Domínguez Leyva y Pilar Eduardo Carballo Ruiz, por su probable intervención delictiva en la aprobación del desarrollo inmobiliario "Misión Punta Norte", autorizado por el cabildo paceño en sesión extraordinaria del 25 de marzo de 2021.

 

De acuerdo con la cédula de citación judicial, emitida el 21 de marzo de este año, el caso forma parte de la carpeta de investigación LPZ/4446/2021, ahora judicializada bajo la causa penal S1197/2024.

 

El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) llamó a la ciudadanía y medios de comunicación a asistir a la audiencia, que será pública.

 

Reiteró que los permisos otorgados de manera presuntamente ilegal favorecieron al consorcio inmobiliario SINOW-Century21, donde Rubén Muñoz habría trabajado antes de su gestión como presidente municipal.

 

“El proyecto Punta Norte ofertó 4 mil 613 lotes en un predio rústico, sin servicios públicos ni garantía de abasto de agua, lo que eventualmente podría agravar la crisis hídrica en La Paz”, denunció el colectivo.

 

El delito por el que se les investiga contempla penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

 

Mientras tanto, si el juez de control determina la existencia de datos de prueba suficientes, el caso podría avanzar a etapa intermedia.