• La presidenta del Congreso niega que el PT haya protegido a la diputada Alondra Torres y afirma que el dictamen para su desafuero no cumplía con los requisitos legales, pero sin dijo que parecía una investigación a “modo”.
La Paz, Baja California Sur.- La diputada
Arlene Moreno Maciel, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
arremetió contra el fiscal anticorrupción Lenin Ortiz Amao a quien acusó de
protagonismo por sus declaraciones sobre el rechazo al dictamen que buscaba iniciar
el proceso de desafuero contra la legisladora Alondra Torres.
“Me parece mucho protagonismo del fiscal pidiendo
que se le rindan cuentas. Yo cumplí con mi única obligación: notificarle que el
dictamen no fue aprobado. Él no es nuestro jefe, es un ciudadano como
cualquiera de nosotros”, expresó la legisladora, quien además señaló que
cualquier información adicional que solicite el fiscal debe gestionarse a
través de la Unidad de Transparencia.
Moreno Maciel fue enfática al rechazar que la fracción
parlamentaria del Partido del Trabajo haya protegido a la diputada Alondra
Torres. Aseguró que el dictamen no cumplía con los siete requisitos formales
que exige la Ley Orgánica del Congreso para conformar una comisión instructora,
paso fundamental en los procesos de juicio político o desafuero.
“No se puede decir que el PT hizo maña, porque ni siquiera éramos
mayoría. Desde mi punto de vista, el dictamen no cumplía con los siete rubros
legales. Cumplía con algunos, sí, pero no con todos, y eso fue evidente para
diputados de otros partidos también”, explicó.
Sobre la naturaleza de la votación, detalló que esta se realizó
mediante cédula y bajo carácter privado, en cumplimiento del artículo 160 de la
Ley Orgánica, lo que impide conocer quién votó a favor o en contra. “Yo no sé
quién votó qué, y tampoco es mi papel saberlo. Lo que sí puedo decir es que mi
voto fue en contra porque el dictamen no tenía los elementos necesarios”,
puntualizó.
Asimismo, recordó que la carpeta de investigación carecía de
documentación completa por parte de los denunciantes, lo que también influyó en
su decisión. “No estaban todos los elementos. No se puede judicializar una
carpeta incompleta. No voy a enjuiciar a nadie, pero como legisladora tengo la
obligación de analizar el contenido legal, no de ceder a presiones mediáticas o
políticas”, agregó.
La diputada sostuvo que el Congreso del Estado
actuó conforme a derecho y reiteró que la transparencia del proceso está
garantizada. “El acta está disponible en la Unidad de Transparencia. Todo lo
que ocurrió está ahí. Quien tenga dudas, que acuda como cualquier ciudadano. No
hay privilegios para nadie”.
Concluyó subrayando que su decisión no responde a intereses
partidistas, sino a un análisis técnico y legal del documento. “El dictamen me
pareció a modo. No sé si fue hecho para afectar o no a la diputada, pero le
hacían falta elementos. Yo no protejo a nadie, voto con base en lo que veo y
entiendo como correcto”, finalizó.