• Buscan comenzar la investigación por el delito de abuso de autoridad por simulación; mismo delito por el que está vinculado el ex alcalde Oscar Leggs.
San José
del Cabo, Baja California Sur. A poco más de 2 meses de la vinculación a
proceso del ex alcalde de Los Cabos Oscar Leggs Castro, la Fiscalía
Anticorrupción de Baja California Sur (BCS) busca avanzar en la investigación
del caso por delito de "abuso de autoridad". Solicitaron el
"desafuero" de la diputada Alondra Torres García, relacionada al
caso.
De acuerdo
con información proporcionada por la dependencia, la denuncia del delito de
abuso de autoridad por simulación es derivada de la autorización, celebración y
firma de un contrato con una empresa gestora de servicios de tramites
financieros, cuyo fin era asesorar y gestionar una solicitud de crédito a
nombre del al Ayuntamiento de Los Cabos frente a una institución bancaria.
El pago a
la empresa privada fue de 14 millones 170 mil 560 pesos y el servicio
mencionado en el contrato nunca se realizó.
En ese caso se involucra a cinco funcionarios titulares de la administración
pasada: ex presidente municipal Oscar Leggs Castro, ex tesorero José Martín
Talamantes Gerardo, la ex sindica y actual diputada Alondra Torres García; ex Oficial Mayor Alan Sotelo
Burgoín y ex Secretario General Ariel Castro, ahora subsecretario de Gobierno
del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación a proceso de Leggs Castro y
Talamante Gerardo el pasado mes de enero y recientemente la dependencia dio a
conocer que se realizó al Congreso del Estado la solicitud de
procedencia, para el ejercicio de la acción penal en contra de los servidores
públicos que cuentan actualmente con el llamado “Fuero Constitucional” - Torres
García y Castro-.
Al solicitar el retiro de la
protección constitucional en contra de los dos servidores públicos y en caso de
proceder dicho solicitud, se podrá ejercer la acción penal correspondiente ante
los tribunales del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y
llevarlos ante la justicia para que respondan por los actos de corrupción que
se les atribuyen.