Estado de México. - El nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, descartó una guerra arancelaria con Estados Unidos. 

“Yo creo que no va haber una guerra de aranceles, tenemos un marco comercial muy sólido, una política fiscal estable y eso nos va a aislar de cualquier volatilidad”, expresó en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en la que se discutió su ratificación al frente de la dependencia.

El funcionario expresó que el gobierno está convencido de que honrar el tratado comercial de Norteamérica es la base que regula la relación comercial entre México y sus socios. 

Además, enfatizó que esta es la estrategia a seguir, y aseguró que continuarán insistiendo y manteniendo el diálogo en ese sentido. 

La llegada de Amador Zamora se produce en plenas tensiones comerciales con Estados Unidos, que han provocado volatilidad en los mercados, y las perspectivas de desaceleración de la economía mexicana en 2025.

·        Atracción de inversiones y eficiencia

Legisladores de oposición cuestionaron las medidas para garantizar la competitividad de México ante las reformas fiscales de otros países y la posibilidad de atraer mayor inversión extranjera.

En respuesta, Amador Zamora reiteró que la política fiscal seguirá priorizando la simplificación administrativa y el fortalecimiento del mercado interno, donde el desarrollo industrial y la atracción de inversiones serán fundamentales para el crecimiento económico sostenido.

Asimismo, abundó que se promoverán incentivos para la inversión privada en energías renovables y se revisarán esquemas de financiamiento público-privado para fortalecer la innovación tecnológica.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, detalló que la política fiscal buscará aumentar la eficiencia del SAT, digitalizar procesos y fortalecer el combate a la evasión fiscal.

Además, sostuvo que el nuevo derecho petrolero para el bienestar, una reforma fiscal destinada a simplificar el régimen de Pemex, es un esquema que da certidumbre a la empresa estatal sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.