La Paz, Baja California Sur.- La solicitud de declaración de procedencia para el retiro del “fuero” a la diputada Alondra Torres García (PT) y al subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal, Ariel Castro Cárdenas, fue ratificada este lunes por el fiscal anticorrupción del estado ante el Congreso de Baja California Sur (BCS), según confirmó el oficial mayor, Adrián Chávez.

“El viernes ingresó la solicitud de declaración de procedencia contra dos servidores públicos, y fue ratificada el día de ayer por parte del fiscal”, explicó Chávez.

A partir de dicha ratificación, corresponde a la presidenta de la Mesa Directiva turnarla a la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que deberá notificar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que proponga la integración de una Comisión Instructora.

Esta será la encargada de revisar el caso y emitir un dictamen sobre si procede o no retirar la inmunidad procesal a los implicados.

Por su parte, Arlene Moreno Maciel, presidenta del congreso local y también diputada del PT, se pronunció a favor de que el procedimiento se lleve con transparencia e imparcialidad.

“La ley es muy clara y vamos a darle proceso como lo dicta el marco normativo. Lo subiré al orden del día este jueves. No voy a hacerme de la vista gorda”, afirmó.

Moreno aclaró que la solicitud está dirigida a dos personas con fuero, pero que en la carpeta de investigación aparecen otras dos que no lo tienen, por lo que no corresponde al congreso intervenir en esos casos.

“Yo, como presidenta, no represento una fracción partidista en este momento. Estoy comprometida con la transparencia y con el respeto a las facultades del Congreso”, dijo.

Aunque en lo personal, consideró que “no hay necesidad de algo tan grande como un desafuero”, recalcó que su función como presidenta es garantizar un proceso justo y conforme a la ley.

La carpeta de investigación, según detalló, consta de más de dos mil hojas, por lo que su análisis requerirá tiempo y será revisada por las comisiones correspondientes para determinar si existen elementos suficientes para conformar la Comisión Instructora.

La diputada Alondra Torres, por su parte, se dijo confiada en su defensa: “Yo tengo la documentación adecuada. Este debe ser un proceso apegado a la ley y al debido derecho”.

El caso se desprende de una investigación por presunto abuso de autoridad en la firma de un contrato simulado durante la pasada administración del ayuntamiento de Los Cabos, por un monto de 14 millones 170 mil 560 pesos. El congreso se prepara ahora para iniciar el procedimiento legislativo que podría derivar en el retiro de fuero a ambos funcionarios.