La Paz, Baja California Sur. - A fin de actualizar los valores mínimos y máximos de las sanciones de la Ley de Aguas vigente en la entidad, ajustándolas a la realidad actual de BCS, donde la escasez de agua es el común denominador en los cinco municipios de la entidad, la diputada Alondra Torres García, propuso al pleno iniciativa mediante la cual se pretende inhibir y evitar cualquier tipo de conducta que involucre el mal uso del agua y que dificulte el acceso de dicho recurso a las actuales y futuras generaciones.

Torres García detalló que, la propuesta legislativa tiene por objeto modificar los artículos 139 y 140 de la Ley de Aguas en la entidad, los cuales forman parte del capítulo denominado “Infracciones, Sanciones y Recursos Administrativos” de la mencionada ley, toda vez que en los últimos 20 años la demanda del vital líquido ha ido en aumento, así como la sobreexplotación del recurso hídrico, debido al crecimiento demográfico y al incremento de los requerimientos de los sectores productivos.

La legisladora fue puntual al manifestar los cambios establecidos en la propuesta en comento, de ellos, que al artículo 139 se incorporen dos nuevos tipos de conductas que se considerarán también como infracciones las cuales señalan la prohibición de ocasionar daño a la infraestructura o equipo del organismo operador provocando afectaciones a la prestación del servicio, por lo que respecta al artículo 140, que se realicen ajustes a los rangos de mínimos y máximos que sancionan las diversas hipótesis del artículo 139, cambiando además el acomodo de las conductas infractoras en el catálogo de sanciones que establece el artículo 140.

Adicionalmente se propone agregar dos nuevas hipótesis de sanción, la primera, una nueva multa para personas que desperdicien el agua, y la segunda para sancionar a quienes instalen de forma clandestina conexiones en instalaciones del sistema, sin estar contratadas, y también a quienes empleen mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución mejor identificada como huachicoleo. La propuesta se turnó a las Comisión Unidas de Asuntos Fiscales y Administrativos, y del Agua.