Estado de México. - La bancada del PAN presentó un paquete de reformas para crear una comisión legislativa de seguimiento a la búsqueda de desaparecidos, castigar el reclutamiento de infancias y jóvenes en las filas del crimen organizado e imponer penas máximas a la narcopolítica.

En conferencia de prensa, el jefe de la diputación panista, José Elías Lixa, cuestionó la actitud gubernamental de “voltear hacia otro lado” frente a los reclamos de las familias buscadoras de personas desaparecidas. 

“Vamos a presentar propuestas para que el legislativo deje de ser espectador y lo hacemos porque el gobierno no está haciendo el trabajo. Las madres buscadoras están haciendo el trabajo que el Estado mexicano no. Este es un Estado impune para los narcopolíticos”, señaló el líder parlamentario.

“Es un hecho que mientras el crimen organizado, por todos lados, está reclutando a nuestras juventudes y a nuestras infancias, incluso en redes sociales. El gobierno nuevamente decide mirar hacia otro lado”, cuestionó el diputado Lixa.

Destacó que Acción Nacional busca que se sancione a los integrantes del gobierno que a su vez lo sean del crimen organizado.

Recordó el jefe de los panistas en San Lázaro que en 2024 hubo un subejercicio de más de mil millones de pesos en el rubro de búsqueda de personas en el gobierno federal. “En un país que todos los días crece en desaparecidos es infame, es inaceptable”, enfatizó.

El diputado Enrique García expuso que el delito de colusión es un cáncer que la política de abrazos y no balazos acrecentó, poniendo en riesgo a las instituciones y los mecanismos de selección de candidatos. “Tenemos que eliminar de raíz este problema y es una relación de complicidad que existe entre quienes son políticos y quienes son integrantes de grupos delictivos, y en muchas ocasiones, créanme, son los políticos quienes encabezan los grupos delictivos”, señaló.

La propuesta busca que el delito de colisión, que ya existe en el Código, se castigue con la pena de hasta 140 años de cárcel, la inhabilitación y no prescriba.

La diputada Tania Palacios se refirió a la reforma al Artículo Cuarto y el 16 para que se le dé reconocimiento constitucional a la necesidad de implementar acciones y medidas que prevengan que niñas, niños y adolescentes se inserten en una carrera criminal.

Recordó la legisladora que, según organizaciones de la sociedad civil como REXIM y Observatorio Nacional Ciudadano, en 2020 eran entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes que habían sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado; dijo que otras como Reinserta hablan de hasta 250 mil.

Sobre el mismo tema, el diputado Héctor Saúl Téllez dijo que en la bancada han analizado el tema y consideran que la principal fuente de engrosamiento de las filas del crimen organizado es a través del reclutamiento ilícito.

Dijo el legislador por la CDMX que ha llegado el momento de que la mayoría oficialista afronte la realidad y acepte legislar al respecto, estableciendo la tipificación del reclutamiento ilícito, a fin de elaborar una estrategia contra la desaparición de personas, con penas que irían de 80 a 140 años de prisión para quienes estén raptando, captando con engaños o forzadamente a los jóvenes, a los niños y a las niñas.

En los últimos seis años, la desaparición de personas ha crecido por lo menos el 100 %. Esto habla de que tenemos más de 124 mil personas desaparecidas en nuestro país; es prácticamente llenar el Estadio Azteca o mil salas de cines en nuestro país, comparó el diputado Saúl Téllez.