La Paz, Baja California Sur.- La diputada local Alondra Torres García aseguró que enfrenta con tranquilidad la solicitud de desafuero en su contra presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur (BCS), descartando que la resolución del Congreso signifique un desenlace inmediato.

"Tampoco es que ya venga por mí la patrulla espiritual", expresó en entrevista, subrayando que el procedimiento aún debe desahogarse en el Legislativo, donde tendrá oportunidad de defenderse y presentar pruebas

Torres, quien es señalada por presunto abuso de autoridad en la firma de un contrato durante su gestión como síndica municipal en Los Cabos, dejó entrever que la solicitud en su contra obedece a razones políticas más que a un verdadero interés por impartir justicia.

"Yo con la frente en alto, y vamos a ver qué dice la historia", afirmó, advirtiendo que cuando el caso se exponga en detalle, "algunos se llevarán sorpresas".

Además, denunció que la difusión de información sobre el proceso ha generado un impacto negativo en su vida personal y familiar. "Veo muchas noticias con alevosía, como si ya fuera un hecho que me van a detener, y eso no es cierto", dijo.

Torres explicó que aún no ha sido notificada oficialmente sobre la solicitud de desafuero y que, hasta entonces, no podrá presentar su defensa formal. 

"Yo tengo derecho de réplica, derecho a saber de qué se me acusa y a un debido proceso", enfatizó.

Asimismo, defendió su actuación como síndica, asegurando que no tenía facultades efectivas sobre la firma del contrato que derivó en la investigación. "Se me ordenó firmar por un punto de acuerdo, y es por esa firma que la Fiscalía viene ahora a tocar la puerta del Congreso", argumentó.

La solicitud de desafuero también alcanza a Ariel Castro Cárdenas, subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, quien, al igual que Torres, fue parte del XIV Ayuntamiento de Los Cabos. Ambos están involucrados en la firma de un contrato con una empresa para gestionar un préstamo de 14.1 millones de pesos, trámite que nunca se concretó.

Por este mismo caso, el exalcalde Óscar Leggs y el extesorero municipal José Martín "N" ya han sido vinculados a proceso.

Torres dejó claro que, independientemente del rumbo que tome el proceso en el Congreso, no contempla pedir licencia a su cargo, pues ello no alteraría su estatus legal. "Aun con licencia, seguiría siendo diputada, y el fuero aún lo tengo", concluyó.