Estado de México. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a México a “redoblar los esfuerzos en la investigación” sobre el hallazgo de restos humanos en el rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán (Jalisco).

La CIDH dijo que “valora” las medias anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y a la vez “reconoce la importante labor” de las familias buscadoras de desaparecidos, quienes denuncian que el rancho era un “campo de exterminio del narcotráfico”.

El rancho Izaguirre se encuentra bajo custodia de las autoridades desde septiembre pasado, cuando fueron detenidas 10 personas, pero seis meses después, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que hallaron en el lugar fosas clandestinas con restos óseos calcinados.

La CIDH señaló que “si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”.

“El Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación”, apuntó.

También consideró que las autoridades mexicanas deben “conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación de los restos hallados” en el rancho.

El organismo aplaudió la decisión de Sheinbaum de impulsar una serie de reformas para reforzar la Comisión Nacional de Búsqueda.

Asimismo, reiteró su “reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor” de los colectivos de búsqueda de desaparecidos en México, un trabajo que debe ser ejercido “con seguridad y libertad”, apuntó.

Sheinbaum negó este jueves en rueda de prensa que se cometieran crímenes de lesa humanidad en el rancho Izaguirre, desmintiendo así las denuncias de los colectivos de búsqueda.

La polémica del rancho en Teuchitlán ha elevado la presión para que Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120 mil personas no localizadas desde que se empezaron a llevar los registros.