• La servidora pública recordó que Baja California Sur en 2018 se ubicaba en la posición 31 a ni-vel nacional en menor percepción de corrupción, hoy se encuentra en el sexto lugar. Esto es gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.
La Paz, Baja
California Sur. - El Gobierno del Estado continuará con políticas públicas
encaminadas al combate frontal de la corrupción, a fin de fortalecer la
confianza ciudadana mediante la formalización de declaraciones patrimoniales,
control de procesos de licitación y la promoción de la ética en el servicio
público, así lo dio a conocer Rosa Cristina Buendía Soto, contralora General.
La servidora
pública recordó que Baja California Sur en 2018 se ubicaba en la posición 31 a
nivel nacional en menor percepción de corrupción, hoy se encuentra en el sexto
lugar. Esto es gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, agregó.
Buendía Soto
mencionó que el fortalecimiento de los Órganos de Control ha permitido avanzar
hacia una administración más transparente y eficiente, además de la
consolidación de Comités de Ética, el seguimiento preventivo a obras y la
incorporación de nuevas herramientas digitales para denuncias y control
patrimonial, lo que demuestra un compromiso claro con la integridad y mejora
continua.
En este
sentido, explicó que durante 2024 se recibieron 419 denuncias por la comisión
de faltas administrativas, efectuando cuatro auditorías de cumplimiento,
intervención de 434 procedimientos de licitación y concursos registrados en los
sistemas de contrataciones públicas gubernamentales.
Además, se
integraron 375 comités de Contraloría Social, conformados por más de mil
ciudadanos comprometidos en verificar la correcta aplicación de los recursos de
27 programas de desarrollo social que operan en el estado. Aunado a esto, se
realizaron 241 procedimientos de supervisión preventiva de obras y se
practicaron 23 auditorías de programas federales.
Rosa Cristina
Buendía refirió finalmente que se trabaja en un enfoque preventivo antes que el
correctivo, en el cual se deben prevenir los actos de corrupción y las malas
prácticas, garantizando con ello una gestión eficiente y transparente.