• El presidente PAN, Jorge Romero, consideró que “será un fraude electoral” el primer proceso para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte tras aprobarse el jueves el listado definitivo de candidaturas
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Estado de
México. - El Partido Acción Nacional (PAN) denunció este domingo que
el Gobierno “abrió la puerta” al crimen organizado y a allegados al
gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la primera
elección popular del Poder Judicial, que será el 1 de junio.
El presidente
PAN, Jorge Romero, consideró que “será un fraude electoral” el primer
proceso para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros de
la Suprema Corte tras aprobarse el jueves el listado definitivo de
candidaturas, que incluyen personas vinculadas a Morena y,
presuntamente, al narcotráfico.
“La reforma
al Poder Judicial que propone el Morena-Gobierno no resolverá los
problemas de justicia en México, por el contrario, la debilitará y podría
permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”,
señaló el presidente del PAN, Jorge Romero, en un pronunciamiento.
Sus
acusaciones se producen después de que el Instituto Nacional
Electoral (INE) avaló el jueves la lista oficial de 64
aspirantes a la Suprema Corte y 15 al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para los primeros comicios tras la
reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Además,
el INE comenzó este viernes a imprimir los 602 millones de boletas
para estos comicios, casi el doble de las que se usaron en la elección
presidencial de 2024.
El PAN señaló
que en las candidaturas abundan perfiles cercanos a López Obrador y a
personajes de la actual Administración de Claudia Sheinbaum, como Arturo
Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte (2019-2022) y actual coordinador
general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.
Entre ellos,
el PAN enunció las candidaturas de María Estela Ríos González,
exconsejera jurídica de López Obrador; Selene Cruz Alcalá, magistrada
laboral cercana a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; Fabiana Estrada
Tena, coordinadora de ponencia de Zaldívar, y Luis Rafael Hernández, procurador
agrario del anterior Gobierno.
“Este proceso
abre la puerta a la corrupción y la manipulación, la gente no escogerá a los
jueces, estos ya fueron decididos por el Gobierno, quienes estarán a su
servicio”, concluyó Romero.