• La creación de la dirección quedaría plasmada en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La Paz, Baja
California Sur. - El diputado Sergio Guluarte Ceseña (MORENA) propuso la
creación de Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo de Baja
California Sur, para la representación del Congreso del Estado en juicios
administrativos, laborales, civiles, mercantiles y penales, así como en
acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de
amparo.
En su
explicación, el legislador refirió que actualmente el poder legislativo recurre
a abogados o despachos externos, por lo que propone que el área sea un órgano
técnico profesional constituido por personal ya existente y el cual es
calificado.
Guluarte
Ceseña dijo que al no contar en su estructura orgánica con una dirección o
unidad jurídica genera vulnerabilidad al Poder Legislativo, ante posibles
litigios, impugnaciones y conflictos derivados de la interpretación de la
normatividad aplicable.
Puntualizó
que, la creación de la dirección, la cual quedaría plasmada en el artículo 67
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fortalecerá la seguridad jurídica del
Congreso y garantizará una defensa eficaz en litigios, pues recordó que en los
últimos años, diversas leyes aprobadas por diferentes legislaturas de BCS, han
sido impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad promovidas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, partidos políticos, así como por la
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, generando incertidumbre sobre
su validez.
El iniciador
propone que el perfil del director o directora de asuntos jurídicos deberá
reunir requisitos como: ser ciudadano sudcaliforniano, tener al menos 35 años
cumplidos, título y cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, con grado
académico de Maestría en Derecho o carrera afín preferentemente, contar con 10
años de experiencia profesional en materia jurídica, tener experiencia mínima
de 5 años en litigio constitucional, asesoría legislativa o administración
pública, no encontrarse inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos
públicos y el no haber sido candidata o candidato a ocupar un cargo de elección
popular, entre otros.