Los Cabos, Baja California Sur.- La privatización del camino costero a Cabo del Este que conecta al parque nacional Cabo Pulmo, considerado como el acuario del Mundo no va. La intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Castro Cosío, ha frenado la decisión del Cabildo de Los Cabos, encabezado por el alcalde Cristian Agúndez, de eliminar 3.9 kilómetros de acceso público a la playa.

El tema se abordó en la conferencia matutina de este miércoles, donde la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre la legalidad de la decisión tomada el 20 de enero en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Los Cabos. En respuesta, Sheinbaum dejó en claro su postura: "Hay que hablar con Víctor Castro. Es un gran gobernador, con mucho sentido social. Hablamos con él y con gusto buscamos la manera de que no haya este proceso privatizador".

Poco después, el gobernador Víctor Castro confirmó a pregunta expresa del periodista Elías Medina, que recibió una llamada de la presidencia y que ya dialogó con el alcalde Christian Agúndez. "No tenemos por qué modificar nada que esté en contra de la ciudadanía. Todo con apego a la ley. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que esto siga adelante. Se tiene que revertir", advirtió.

Asimismo, señaló que el alcalde Agúndez ha accedido a abrir una mesa de diálogo con la ciudadanía para definir el futuro del camino costero. "Primero la gente, que los negocios", afirmó Castro, asegurando que en su administración no se permitirán decisiones que perjudiquen el acceso público a las playas.

El 20 de enero, el Cabildo de Los Cabos aprobó la actualización del PDU, donde se establecía el desuso del camino vecinal de Cabo del Este. Esta decisión se tomó a pesar de que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) recomendó conservarlo. El argumento del Cabildo fue que atendían una resolución judicial de 2017, sin efectos legales para justificar la privatización.

La medida desató protestas entre la ciudadanía, quienes denunciaron que la eliminación del camino violaba el artículo 27 de la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales. Representantes ciudadanos como Petra Juárez Lucía y Manuel Cota compartieron posturas en contra de esta medida.

Ante la creciente resistencia social, se han organizado acciones para impedir la privatización, incluyendo una colecta de firmas el próximo 31 de enero en la delegación de Cabo San Lucas.

Con la intervención del gobierno federal y estatal, el proceso privatizador queda detenido, devolviendo la esperanza a las comunidades afectadas y asegurando el acceso libre a las playas de Cabo Pulmo.