La Paz, Baja California Sur.- La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Patricia López Navarro, hizo un llamado respetuoso al patronato del asilo San Vicente de Paúl,  para que amplíen su capacidad de atención y reciban a más adultos mayores.

Actualmente, el asilo tiene capacidad para albergar hasta 80 personas, sin embargo, solo cuentan con 20 residentes debido a las restricciones establecidas en su reglamento interno, que exige que los solicitantes estén en pleno uso de sus facultades mentales y sin enfermedades graves.

"Es importante reflexionar sobre estos requisitos porque, en muchas ocasiones, quienes buscan una residencia permanente son personas con algún padecimiento o necesidad de cuidados especiales. Nos ayudaría mucho que abrieran su reglamento para permitir la atención a más personas. Sabemos que tienen capacidad, apoyos y recursos, y sería un gran beneficio para la comunidad", informó López Navarro a Diario El Independiente

La presidenta del SEDIF destacó que el gobierno estatal no ha reducido ningún apoyo al asilo, ahora llamado residencia permanente, pero subrayó que la institución opera de manera independiente. A pesar de recibir recursos y presentar resultados ante la Secretaría de Finanzas y Administración, el número limitado de ingresos sigue siendo una preocupación.

El albergue estatal, por su parte, está disponible para personas en situación prioritaria, ofreciendo alimentación, cobijo y atención de calidad.

Agregó que "En el caso de la residencia San Vicente de Paúl, sabemos que cuentan con buenas instalaciones y recursos. Por eso hacemos este llamado respetuoso para que consideren flexibilizar su reglamento y recibir a más adultos mayores que necesitan un lugar digno", concluyó López Navarro.

Esta recomendación busca optimizar el uso de las instalaciones y recursos del asilo San Vicente de Paúl, garantizando que más personas en situación vulnerable puedan acceder a un espacio seguro y de calidad.

Cabe destacar que el Asilo de Ancianos, recibe mensualmente por parte del gobierno de Baja California Sur una cantidad de 250 mil pesos, además del cobro que se aplica a los familiares de los 20 asilados y el apoyo caritativo en especie de la sociedad civil, instituciones, organizaciones y empresas.