¿Sabe usted por qué en los últimos tiempos hemos notado avances sustanciales en el desarrollo de nuestra entidad...?

La razón es muy sencilla.

Porque Baja California sur, es considerado el estado con menor indicador de corrupción.

En efecto, el porcentaje sitúa a BCS como la entidad con menor tasa de malas prácticas, donde los mejores evaluados fueron Baja California Sur, con 5.2 por ciento de prevalencia experimentada por mayores de 18 años; Colima, con el 6.2 por ciento, y Zacatecas, con el 8.2 por ciento.

Y vaya que no lo dice el gobernador del estado, sino que lo asegura el Sistema Nacional Anticorrupción.

Este último, es el espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Fue en el mes de noviembre 2023 cuando con un dejo de satisfacción, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, dijo que Baja California Sur se encuentra entre los primeros 10 lugares de certificación a nivel nacional en combate a la corrupción.

Y también agregó que esto, se traduce en una mejor calidad de vida para todos.

Lo anterior fue al hacer entrega de reconocimientos a ganadores y ganadoras de la edición XV del Premio Nacional de Contraloría Social y XVIII del Concurso Nacional Transparencia en Corto.

Ahí mismo, el Mandatario sudcaliforniano reconoció el trabajo, talento y manera de expresarse en contra de la corrupción, “la cual no debe ser simulación, sino una realidad y donde todos y todas participemos a través de la denuncia de servidores públicos que hagan mal uso de los recursos del pueblo”, puntualizó.

“El dinero del pueblo es del pueblo y no debemos permitir que los recursos sean utilizados en beneficios y privilegios para unos cuantos”, afirmó.

Luego añadió: “si somos capaces de hacer sociedad, nos irá mucho mejor, de ahí la importancia de un juego limpio, con decencia”.

Expresó que gracias a estas acciones hoy Baja California Sur se encuentra en primer lugar en menos pobreza extrema en el país, lo que se traduce en mejor calidad de vida y seguridad en todo el país, lo que debe motivarnos a seguir trabajando en combatir la corrupción en todas las esferas de la vida pública.

Y sería la contralora General, Rosa Cristina Buendía Soto, quien diría que ésto no es nuevo, sino que por tercer año consecutivo, Baja California Sur se ha hecho acreedora a los primeros lugares en el Premio Nacional de Contraloría Social.

Enseguida aclaró que este premio tiene como objetivo incentivar y reconocer las mejores prácticas realizadas por los Comités de Contraloría Social, así como convocar a las organizaciones y sociedad en general a presentar experiencias de mejora y acciones de vigilancia ciudadana, que fomenten la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Por cierto, aquí no olvidemos que fue Carlos Mendoza Davis, quien dejó las bases firmes para atacar la corrupción, plasmadas en la Ley.

Una Ley con 45 artículos y seis transitorios, publicada el 10 de abril de 2017, que tendrá por objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades estatales competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Un ordenamiento que entre sus objetivos destaca generar mecanismos de cooperación en la materia anticorrupción con las demás entidades federativas; establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Incluso, la misma Ley deja en claro que son principios rectores que rigen el servicio público tanto la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, y la honradez, como la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia, la equidad, la transparencia, la economía, la integridad y la competencia por mérito.

Y justo en su artículo 6, subraya que el Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno del Estado, para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Pero, ¿qué se puede hacer para combatir mejor la corrupción...?

Es muy simple: se deben formular denuncias.

Estas se pueden hacer desde el interior del propio gobierno o de la sociedad.

Y son importantes porque esto hace posible iniciar procesos de investigación y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, respetando la legalidad y el debido proceso.

En síntesis, es muy necesario atacar este cáncer maligno.

Porque es cierto que la corrupción trae consigo una serie de perversidades que van desde tráfico de influencias, soborno y peculado, hasta el uso privado de bienes públicos.

Sin descartar la discrecionalidad, el abuso del poder, y la impunidad.

Cuestión de tiempo.