La Paz, Baja California Sur.- El diputado Venustiano Pérez Sánchez recordó que su iniciativa de reforma a la Ley Burocrática, presentada en una legislatura pasada, buscaba eliminar prácticas inadecuadas en la contratación de trabajadores de confianza dentro del servicio público. 

En entrevista para Diario El Independiente, aclaró que su propuesta no afectaba los derechos adquiridos por los trabajadores sindicalizados, pero fue malinterpretada y politizada, lo que generó controversia.

Pérez señaló que la "herencia de bases sindicales" representa un acuerdo entre sindicatos y autoridades, pero tiene efectos adversos para las administraciones públicas, como el incremento de la nómina. “Cuando esto sucede, el ente público está obligado a contratar al hijo o hija del trabajador jubilado, según su preparación, y además contratar a alguien más para suplir al trabajador retirado”, explicó, aclarando que no está en contra de este derecho.

El legislador destacó que su iniciativa buscaba regular la creación de nuevas bases, evitando que irresponsabilidades políticas o acuerdos de campaña comprometieran los recursos públicos. Asimismo, mencionó que algunas administraciones salientes, al perder elecciones, basifican a cientos de trabajadores, lo que dificulta la operatividad de los gobiernos entrantes y genera problemas financieros.

Otro punto crítico que abordó es el manejo de salarios caídos, actualmente contemplados como indefinidos en la Ley Burocrática, lo que ha derivado en laudos millonarios, derivado de los procesos que inician los trabajadores de confianza cuando son despedidos. 

“La Ley Federal del Trabajo establece un límite de un año para salarios caídos, pero en Baja California Sur hay juicios que se extienden hasta 10 años. Esto ha costado a la Secretaría de Finanzas más de 150 millones de pesos desde 2021; al Ayuntamiento, cerca de 100 millones; y al Congreso, más de 20 millones de pesos”, puntualizó.

Pérez Sánchez expresó su disposición a retomar esta iniciativa si se logra un consenso, destacando la urgencia de reformar la Ley Burocrática para garantizar una administración pública más eficiente y responsable.