Los Cabos, Baja California Sur.- John N y Katy N, imputados por el delito de desaparición cometida por particulares, fueron vinculados a proceso y quedaron en prisión preventiva justificada, derivado de los datos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la continuación de audiencia inicial por orden de aprehensión celebrada el jueves 21 de noviembre en el Centro de Justicia Penal de Cabo san Lucas.

Por medio de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, Delitos Vinculados y su Judicialización, la PGJE reunió los datos de prueba suficientes, para establecer la probable responsabilidad y el hecho por el cual, los imputados son investigados.

En la carpeta de investigación se establece que el 17 de septiembre de 2024, la víctima, Daniel N, fue reportado como no localizado ante la PGJE por un amigo, por lo que el agente del Ministerio Público de la Unidad en mención, inició de inmediato la investigación y la búsqueda.

Con base en las indagatorias realizadas por la tetralogía de investigación, el 03 de octubre del año en curso el Agente del Ministerio Público de la Unidad en mención, solicitó y obtuvo del Juez de Control orden de aprehensión en contra de John N y Katy N, ambos de nacionalidad estadounidense.

El pasado miércoles 13 de noviembre los imputados fueron asegurados por elementos de la Fiscalía General de Baja California, en la ciudad de Ensenada y trasladados a Los Cabos por los Agentes Estatales de Investigación Criminal de la PGJE, adscritos a Mandamientos Judiciales, quienes le cumplimentaron la Orden de Aprehensión.

En la continuación de dicha audiencia inicial por orden de aprehensión efectuada el jueves 21 de noviembre -que se interpretó al idioma natal de los imputados- y posterior al debate por los órganos técnicos, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso a John N y Katy N, y se justificó por parte de los Agentes del Ministerio Público la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

Al representante Social le otorgó tres meses como plazo de cierre para la investigación complementaria.