Las medidas tomadas por la fiscalía anticorrupción de la entidad contra personas relacionadas a exfuncionarios del Instituto de Vivienda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la denuncia de que existe una red de corrupción en ese entorno, pone sobre la mesa un tema pendiente: El castigo penal o administrativo al exalcalde de Los Cabos, Oscar Leggs así como a ex colaboradores y ex colaboradoras que pudieran tener algún tipo de responsabilidad en el mal manejo de las finanzas públicas.

La autoridad dictó el pasado viernes auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de dos personas relacionadas con el ex jefe del departamento de contabilidad del instituto de vivienda de Baja California Sur.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado informó a la ciudadanía que el Juez de Control del sistema de Justicia Penal con sede en La Paz, decretó auto de vinculación a proceso en contra de HASSAN “N” y ANTONIO “N” por el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) previsto en el artículo 263 del Código Penal vigente en el Estado en agravio del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI).

Esto pone en claro que va en serio este asunto de aplicar la ley a funcionarios y ciudadanos que estén ligados a operaciones ilícitas de cualquier institución pública.

Por ello es necesario recordar que la alcaldía cabeña que encabezó Oscar Leggs, tiene irregularidades que fueron destacadas en las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado, pero habrá que indagar más a fondo y por supuesto establecer con toda claridad si existe o no responsabilidad penal o administrativa del exalcalde y sus compinches.

Desde luego que esto debe abarcar a otros ex funcionarios principalmente de las áreas de Tesorería, Obras Públicas y por supuesto de Comunicación Social de la pasada administración que tendrán que eliminar toda duda sobre el manejo de los recursos financieros de los cabeños.

Ante el grotesco cinismo de Leggs Castro que se mueve en redes sociales como si nada hubiera pasado, las autoridades deben deslindar responsabilidades tal como sucedió en el Instituto de Vivienda.

Leggs Castro, heredó un cochinero administrativo y alguien, de acuerdo a la ley, tendrá que pagar por ello.

Por lo pronto la Fiscalía Anticorrupción está haciendo su labor al detectar una de red de corruptelas que presuntamente se operó desde instancia del INVI lo que fortalece la confianza de que en Los Cabos pueden surgir resultados similares con los exfuncionarios municipales.

Ya veremos qué sucede.