Estado de México. - La Barra Mexicana de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, presentaron este martes un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial promulgada el pasado 15 de septiembre.

En el escrito se argumenta que la reforma judicial aprobada por el Legislativo transgrede las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. Además, modifica la Constitución para exigir que todos los jueces estatales y federales, incluidos los ministros, sean reemplazados por juzgadores elegidos mediante votación popular, lo que infringe los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial y el debido proceso.

También, se sostiene que “el procedimiento para adoptar esta reforma vulnera el derecho de las comunidades indígenas, jueces, mujeres y otros grupos afectados a participar en la dirección de los asuntos públicos”.

“Además de ser ilegal, la reforma agravará los problemas de acceso a la justicia en México. En Estados Unidos, la elección popular de jueces de cortes estatales ha politizado y socavado la confianza pública en el sistema judicial"

“Quien considere que todo está dicho en materia de defensa de la Constitución no comprende la situación actual en México ni las discusiones jurídicas pendientes”, advirtió Amrit Singh, profesora de

Práctica y directora ejecutiva del Rule of Law Impact Lab en la Facultad de Derecho de Stanford.

En el amicus curiae, los especialistas sostienen que las normas internacionales facultan a la Suprema Corte para revisar reformas constitucionales que afectan los derechos humanos y describen la práctica común de cortes constitucionales en otros países de analizar el fondo de este tipo de reformas.

El documento fue presentado en las acciones que cuestionan la constitucionalidad de la reforma, presentadas ante la Suprema Corte por partidos políticos y diversos diputados del Congreso del Estado de Zacatecas.

Entre otros precedentes, el amicus curiae cita un fallo de 2013 de la Corte Suprema de Argentina, que declaró inconstitucional una reforma del Consejo de la Magistratura, la cual buscaba aumentar el número de sus miembros y permitir la elección popular de los jueces. La Corte argentina consideró que dicha reforma violaba la separación de poderes y la independencia judicial al politizar el proceso de selección de magistrados.

La BMA y la Stanford Law School recuerdan que, en febrero de este mismo año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el llamado «Plan C», una reforma judicial de gran alcance que sustituirá a más de 7 mil jueces estatales y federales, mediante votación popular y luego de su análisis se concluyó que la reforma contravenía las obligaciones internacionales de México y representaba una seria amenaza para la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país.

Pese a ello, se siguió adelante ignorando amparos federales y suspensiones judiciales, se refiere en esta herramienta judicial.

El documento fue firmado por Víctor Olé Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados y Amrit Singh, profesora de Práctica y directora ejecutiva del Rule of Law Impact Lab en la Facultad de Derecho de Stanford.