Estado de México. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto que regresa a su carácter de empresa pública tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras su aprobación en el Congreso.

Es una reforma que en una parte muy importante le devuelve al pueblo (…) las empresas que siempre fueron del pueblo de México”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo celebró que el Congreso declarara constitucional esta reforma, que fue enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en febrero pasado.

La semana pasada, el Pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para modificar la naturaleza jurídica de Pemex y CFE, y proveer a México de electricidad y servicios de Internet.

Por su parte, la Cámara de Diputados declaró constitucional, con el respaldo de 24 votos aprobatorios de los congresos estatales, la reforma que establece que el sistema ferroviario de transporte de carga y pasajeros es un área prioritaria para el desarrollo nacional.

A su vez, firmó el decreto para que las vías ferroviarias sean ocupadas como transporte de pasajeros.

Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy”, expuso.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara Alta, “los cambios constitucionales tienen el objetivo de garantizar seguridad y autosuficiencia energética, además de proveer al pueblo de México de electricidad al menor precio posible”.

Entre las modificaciones más importantes están la que elimina de la constitución el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituyen por el de “empresas públicas del Estado”.

Además de que se precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea.

Tampoco la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de electricidad al menor precio posible.

La reforma ha encendido alertas ante la próxima revisión en 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rechaza que haya un trato especial a empresas nacionales frente a las privadas.