Ciudad de México.- Con 79 votos a favor y 39 en contra, el Pleno del Senado avaló en lo general y particular las leyes secundarias de la reforma judicial, con lo cual se ajustan las reglas para la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. 

Las modificaciones se dieron en medio de un fuerte choque entre Morena y la oposición. 

La iniciativa presidencial es a las Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahora, estas modificaciones se enviaron a la Cámara de Diputados para su revisión y votación.

·        Chocan Morena y oposición en discusión de leyes secundarias

Entre las motivaciones se encuentra que en ningún caso los medios de impugnación, constitucionales o legales, producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

El Ejecutivo federal le dio al Instituto Nacional Electoral (INE) facultades para definir las reglas de la elección del Poder Judicial, incluso este órgano electoral podrá requerir a los candidatos la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos. 

También podrá solicitar a las autoridades la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios, cuando de su declaración patrimonial y de intereses o de la revisión de la información en materia de fiscalización que proporcione, se adviertan movimientos inusuales o elementos que no justifiquen la procedencia lícita de los bienes o recursos reportados. 

·        INE no tendrá limitaciones

En este caso, el Consejo General del INE no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. 

Asimismo, el INE deberá aprobar el modelo de boleta, documentación y materiales electorales; determinar los topes máximos de gastos de campaña; administrar y distribuir el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión; organizar y desarrollar foros de debate entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social puedan brindar dichos espacios de manera gratuita, garantizando condiciones de equidad.