San José del Cabo, Baja California Sur. María del Rosario Díaz Cinco, quien ocupaba el cargo de Directora General del Instituto de las Mujeres del Municipio (IMM) de Los Cabos durante la administración presidida por Óscar Leggs Castro, se rehúsa a entregar este puesto para el Ayuntamiento, recién llegado.

El pasado 28 de septiembre, tomó protesta Christian Agúndez Gómez como alcalde de Los Cabos, días posteriores, se realizaron los nombramientos de direcciones municipales, en donde el nombre de se habría colocado de María del Jesús Cruz Medina como nueva directora general del Instituto municipal de las Mujeres.

De acuerdo a los reglamentos que marcan la ley, se tendría que pasar un proceso de entrega recepción, dividido en dos partes, la primera de ellas debiéndose entregar antes del cambio de poder y la segunda tras el nombramiento de una nueva titular.

No obstante, este lunes 7 de octubre, a través de una transmisión en vivo vía Facebook María del Rosario expuso que una Comisión especial de la Contraloría municipal acudió a las instalaciones del Instituto para concretar la entrega del cargo Público a la que María del Rosario se negó.

Los argumentos que presenta, se respaldan en una supuesta denuncia que habría realizado contra un grupo de autoridades de la administración pasada y que con un amparo entregado por el juez de distrito le otorgan el derecho de seguir siendo Directora hasta que concluya el proceso de la denuncia, según sus propias palabras.

“El pasado lunes, yo entregué ante el presidente municipal, mi documento en donde estoy amparada. Por ello es ilegal que en tanto no se resuelva mi caso No se puede nombrar a otro titular, porque se incurre en un tema legal, muy fuerte. De lo contrario, él y el cabildo pueden ser deshabilitados por desacato”, dijo.

La funcionaria además reiteró que ejerció una denuncia contra Óscar Leggs Castro por violencia institucional, insistiendo que el instituto bajo su cargo, así como el Instituto del Deporte y de la Cultura dejaron de recibir el subsidio que el municipio daba como su presupuesto anual, aunque no presentó pruebas de ello. 

Cabe resaltar que en la anterior administración la funcionaria fue denunciada ante a Contraloría municipal por violencia laboral, pero también por mal uso de los recursos públicos y falta de transparencia.