El ofrecimiento de claridad y trasparencia en el manejo de los recursos públicos, lleva implícito el reto de que el dinero público se maneje de la mejor manera, es decir en perfecto cumplimiento de lo que la ley señala al respecto.

El compromiso de que los presupuestos y otorgamiento de recursos económicos a las instancias públicas, se aplique justamente para lo que está destinado, es definitivamente lo ideal.

Por ello la importancia de la capacidad y autonomía de los órganos encargados de auditar precisamente la aplicación de esos recursos.

La confianza en esas instancias es fundamental justamente para que la población en general tome en cuenta y valore sus dictámenes.

En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado ha revisado en los últimos meses la aplicación del dinero público a través de los ayuntamientos y de otras instancias estatales y municipales.

Por ello la labor de este organismo y desde Congreso del Estado, llegó ya a la conclusión de que las cuentas públicas de diversas dependencias estatales y municipales, no han cumplido con la ley.

Sobre todo, en lo que respecta a los ayuntamientos de Loreto, Los Cabos y ahora La Paz que ya se sumó también a estos municipios que no aprobaron la cuenta pública respectiva al año 2022.

Por supuesto que es sorprendente que en el municipio de La Paz, que de nuevo encabeza Milena Quiroga, la cuenta pública del 2022, tampoco se aplicó el recurso de manera adecuada tal como sucedió con Oscar Leggs en Los Cabos y con la anterior alcaldesa de Loreto, Paola Cota Davis.

Obviamente estas condiciones pueden tener repercusiones en los próximos procesos políticos que concluirán con la sucesión gubernamental del 2027, aunque en el caso de Loreto los errores de la pasada administración panista, ya tuvieron sus efectos y llevaron a la victoria electoral a la morenista Paz del Alma Ochoa, hoy alcaldesa de Loreto.

Veremos ahora hasta dónde las actuales autoridades y titulares de las diversas instancias que fueron auditadas y que obtuvieron dictámenes adversos, atiende el llamado del mismo Congreso del Estado para que se subsanen esas observaciones y en su caso apliquen las sanciones que la ley señala respecto a quienes violentaron los lineamientos de la administración pública.

Vale decir que donde la atención más fuerte se centrará es en los ayuntamientos mencionados, no solo en la parte estrictamente administrativa, sino también en lo que puede impactar en el ámbito político.

Está claro que cometer pifias e irregularidades en el manejo de los recursos públicos, definitivamente pueden impactar en el ánimo de la ciudadanía, sobre todo cuando se trate de resaltar capacidad administrativa y por supuesto de certeza y honestidad en la aplicación de los recursos públicos.

Ya veremos hasta dónde se trabaja por ajustar y rescatar las áreas mal administradas y ahora evidenciadas por las referidas auditorías.

Ya veremos.