Estado de México. - La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Claudia Sánchez Juárez, presentó este miércoles una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que propone erradicar peligrosidad procesal y apoyar a las mujeres en juicios familiares.

Esta iniciativa tiene como propósito, modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, lo que agrava la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos. 

La propuesta, que se presentó, en conjunto con La Colectiva “Caso 992” (Las Novias), plantea modificar dicho Código para ayudar a las mujeres, especialmente a las que viven en condiciones precarias, a que tengan el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), durante los procesos de emplazamiento y determinación de la capacidad económica de los deudores.

Al respecto, Sánchez Juárez señaló que, al erradicar la peligrosidad procesal, se garantizará que los agresores no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva, acabando así, con la impunidad que enfrentan miles de familias en México.

·        Juicios familiares promovidos por mujeres

Según datos de los Tribunales Superiores de Justicia del país, el 97 por ciento de los juicios familiares relacionados con alimentos, son promovidos por mujeres y lamentablemente apenas el tres por ciento llega a la etapa de conclusión.

Y de los pocos casos donde se dicta una sentencia o pensión alimenticia provisional, apenas el 10 por ciento se cumple, siendo que uno de cada diez menores que tiene derecho a recibir una pensión logra recibir el cobro efectivo antes de alcanzar la mayoría de edad.

Por lo que la diputada del Partido Verde, mencionó que, “gracias a este colectivo (Caso 992), la violencia vicaria es visible en este país y ahora muchos colectivos lo están retomando para que esto pare”, permitiendo que actualmente, las normas procesales brinden facilidades a fin de que estos agresores oculten bienes e ingresos.

Esto con el fin de que eviten cumplir con sus obligaciones, puesto que la carga probatoria recae injustamente sobre las víctimas, quienes deben acreditar el domicilio de los agresores, su solvencia y sus bienes, lo cual resulta prácticamente imposible para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad.