• La iniciativa presentada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas y el diputado Martín Escogido Flores busca darle claridad a las responsabilidades en materia de evaluación e impacto presupuestario de las iniciativas presentadas al pleno del Congreso del Estado.
La Paz, Baja
California Sur. - La XVII Legislatura del Congreso del Estado turnó a la
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justica, y de Asuntos
Fiscales y Administrativos, la iniciativa que propone establecer con claridad
la responsabilidad de la elaboración de la Evaluación del Impacto
Presupuestario de las iniciativas que sean presentadas al Pleno del Congreso de
Estado, así como, consolidar las disposiciones que en ella se encuentran
contenidas; además de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y
Municipios, en la Ley de Planeación y en la propia Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, ambas del Estado de Baja California Sur, iniciativa
presentada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas y el diputado Martín
Escogido Flores.
El diputado
Martín Escogido precisó en tribuna que, en la normatividad interna del Poder
Legislativo del Estado no existe la Unidad de Evaluación Presupuestaria, razón
por la cual, se propone la creación de la misma, la cual deberá contener las
competencias idóneas para los alcances que se buscan.
En ese tenor,
sentenció que la unidad será la encargada de reunir la información con los
entes públicos así como de intercambiar información y solicitar opiniones de la
Secretaría de Finanzas, de modo que, será necesario adicionar un segundo
párrafo al artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California Sur, para que dicha herramienta de evaluación se incorpore en
los dictámenes correspondientes.
Por último,
los promoventes, indicaron que además de buscar mayor certeza, lo anterior,
atiende también al decreto que expidió la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Baja California Sur aprobado el pasado 5 de diciembre
del 2019 para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios que mandata en su tercer transitorio
reformar el marco normativo local y municipal a efecto de homologarlo con el
ordenamiento referido.