La Paz, Baja California Sur.- Ante la reciente reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur (BCS), expresó que, si bien la competencia para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos recae en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la decisión podría presentar algunos riesgos para la población civil.

La reforma, dijo, generó preocupación en distintos sectores, especialmente entre defensores de derechos humanos, quienes temen que la militarización de la seguridad pública en México pueda derivar en un incremento de violaciones a los derechos fundamentales.

“No es prudente delegar la seguridad interna a fuerzas militares. A nivel internacional se ha establecido que no es recomendable que los elementos de las Fuerzas Armadas, entrenados para la defensa y aniquilación en situaciones de seguridad nacional, asuman labores de contacto diario con los civiles. Su formación es distinta a la de los cuerpos de policía, que deben velar por la seguridad interna bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos”.

Ramos Hernández señaló que este temor está basado en criterios de cortes nacionales e internacionales, que alertan sobre los riesgos de asignar tareas de seguridad pública a personal militar, ya que su entrenamiento difiere de las labores propias de la policía civil.

A pesar de ello, enfatizó que los miembros de las Fuerzas Armadas no están exentos de cumplir con las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con el artículo primero de la Constitución, todas las autoridades, sin excepción, deben velar por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, lo que incluye a los elementos militares.

“El personal del ejército está entrenado para situaciones de defensa nacional, no para el trato cotidiano con la ciudadanía. Es por esto que no es recomendable que los militares asuman funciones de seguridad interna […] no es correcto pensar que por ser miembros de las Fuerzas Armadas pueden actuar sin consecuencias. Las obligaciones constitucionales aplican para todas las autoridades, sin excepción. En caso de que se presenten violaciones a los derechos humanos por parte de elementos militares, cualquier persona puede presentar una queja ante la CNDH para su debida investigación y resolución".

La CEDH de Baja California Sur reiteró que seguirá vigilante de las posibles vulneraciones a los derechos humanos que puedan surgir, con el fin de cuidar los mecanismos para la protección de los derechos civiles, mismos que, sostuvo, deben permanecer sólidos y accesibles para toda la ciudadanía, con el objetivo de evitar abusos y garantizar la rendición de cuentas.