La Paz, Baja California Sur.- Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur (BCS), informó que las corporaciones policiacas estatales y municipales son las principales dependencias señaladas por presuntos abusos de poder en la entidad.

Aunque no detalla cifras específicas, señaló que las quejas contra estas instituciones forman parte de las más de 300 carpetas de investigación activas bajo la supervisión de la CEDH, y aseguró que este tipo de denuncias “reflejan patrones preocupantes que ameritan intervenciones institucionales”.

"Recibimos quejas por abusos de poder, retenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que son las principales problemáticas que tenemos en investigación actualmente contra las policías estatales y municipales".

Una vez que la CEDH concluye una investigación y confirma la violación de derechos humanos, comentó, se emite una recomendación formal que incluye el reconocimiento de la víctima y los pasos necesarios para reparar el daño causado.

Este proceso, dijo, implica la elaboración de un Plan Integral de Reparación del Daño, desarrollado en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

La reparación no solo contempla compensaciones económicas o apoyo legal, expresó, sino también disculpas públicas, si así lo solicita la víctima, y subrayó que el objetivo no es solo reparar el daño individual, sino también implementar medidas institucionales que eviten la repetición de estas violaciones.

Ramos Hernández enfatizó que las corporaciones policiacas siguen siendo las más señaladas dentro de las quejas recibidas, con un enfoque particular en detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza y fallas en la fundamentación de los arrestos.

"Es lamentable que las detenciones arbitrarias y el exceso en el uso de la fuerza sigan siendo quejas recurrentes en las quejas contra las policías estatales y municipales".

Aunque la Comisión está trabajando para abordar estos problemas, la presidenta admite que los casos siguen acumulándose, lo que indica que aún queda mucho por hacer para mejorar el respeto a los derechos humanos por parte de estas instituciones.