• El objetivo del Congreso es fomentar la mejora en la gestión pública de las autoridades de los distintos niveles de gobierno; durante tres semanas los asistentes recibirán conocimientos para la detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
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La Paz, Baja
California Sur.- El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California Sur
(BCS), a través de la Contraloría General del Gobierno del Estado y de la
Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, realiza el
Congreso en Materia de Combate a la Corrupción que busca la capacitación en
materia de Inteligencia, Análisis Patrimonial, Financiera, Fiscal y Económica.
El Secretario
Técnico del SEABCS, Servando Espinoza Villavicencio, dio la bienvenida a los
asistentes y explicó que el objetivo del Congreso es fomentar la mejora en la
gestión pública de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. “Esto
se relaciona con los procedimientos de investigación de delitos por hechos de
corrupción y la sustanciación de presuntos delitos cometidos por servidores
públicos."
En su
intervención, la Contralora General del Estado, Rosa Cristina Buendia Soto
destacó que hay una gran voluntad y compromiso por cumplir el objetivo de
combatir la corrupción.
“Para
eliminar la corrupción se requiere una estrategia integral que conlleve la
transparencia, control interno, medidas y acciones firmes para combatirla y que
eso nos lleve a una gobernanza ética y eficiente en el servicio público”,
expresó.
La contralora
agradeció a Esaú Sánchez Pedroza, Presidente de la Asociación Nacional de
Profesionistas en Combate a la Corrupción y especialista en la materia, su
presencia y disposición para impartir los tres módulos que conforman el
encuentro.
Por su parte,
el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción,
Lenin Emiliano Ortiz Amao, reiteró la importancia de la capacitación permanente
y destacó que distinguir una falta administrativa de un hecho de corrupción es
parte de profesionalizar a quienes tienen como tarea vigilar el correcto
aprovechamiento de los recursos públicos.