Estado de México. – Las comisiones del Senado de Puntos Constitucionales, Bienestar y Estudios Legislativos aprobaron de manera unánime la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución para garantizar apoyos sociales a grupos vulnerables.

La reforma busca fortalecer los derechos sociales, asegurando apoyo a nivel constitucional a las poblaciones en situación de vulnerabilidad para garantizarles un nivel de vida mínimo y condiciones para su desarrollo.

Los senadores Óscar Cantón Zetina, Andrea Chávez Treviño y Enrique Inzunza, al frente de estas comisiones, validaron el dictamen tal como lo había aprobado previamente la Cámara de Diputados, con 39 votos a favor y sin modificaciones.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el establecimiento del derecho constitucional a una vivienda digna para todos.

Además, se reconoce el compromiso de la Federación y los estados de proveer una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, y a todas las personas mayores de 65, asegurándoles una pensión en la vejez.

El dictamen también subraya que el Estado deberá proveer rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad, priorizando a los menores de 18 años.

Para garantizar estos derechos, se dispondrá de un presupuesto anual adecuado y progresivo que no podrá reducirse respecto al ejercicio fiscal anterior.

También se propone brindar apoyo a trabajadores agrícolas y pescadores de pequeña escala, quienes recibirán fertilizantes gratuitos y asistencia económica anual. Asimismo, se mantendrán precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

Durante la presentación del dictamen, la senadora morenista Andrea Chávez resaltó que la propuesta marca un avance fundamental en la promoción de la dignidad para grupos “históricamente marginados, quienes ahora reciben la protección del Estado mexicano”. Chávez enfatizó que este cambio constituye un acto de “justicia social, fraternidad y amor incondicional al pueblo de México.”

Asimismo, el senador Raúl Morón Orozco, de Morena, añadió que la reforma permitirá mayor acceso a la justicia social, particularmente para adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores. Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, del PAN, sostuvo que las reformas representan un avance en justicia social, aunque señaló la necesidad de avanzar hacia un sistema de seguridad social universal.

Desde el PRI, Claudia Edith Anaya Mota expresó su respaldo a la ampliación de derechos constitucionales, pero sugirió ajustar el texto para evitar que interfiera con las competencias de las entidades federativas. En tanto, Luis Alfonso Silva Romo del PVEM destacó que la enmienda muestra una visión “humanista y antineoliberal”, donde el Estado, y no el mercado, se hace cargo del bienestar social.

Alejandro González Yáñez del PT señaló que esta reforma acerca a México al objetivo de un “ingreso universal incondicional,” garantizando el bienestar familiar. Amalia García Medina de Movimiento Ciudadano también apoyó la medida, subrayando la importancia de un Estado de bienestar que no dependa de enfoques “clientelares o de filantropía.”