• Julia Lorena Hinojosa manifestó que será muy difícil enfrentar esta imposición del gobierno federal, y dejó en claro que, aunque el salario suba a mil pesos diarios, no alcanzará debido a los incrementos generales.
La
Paz, Baja California Sur.- Ante la falta de apoyo y la carga impositiva que
enfrentan los empresarios, el aumento del 12% al salario mínimo que considera
el gobierno federal para el próximo año se afrontará por parte de la pequeña y
mediana empresa con muchas dificultades, afirmó Julia Lorena Hinojosa Oliva,
empresaria del sector restaurantero en Baja California Sur (BCS).
Hinojosa,
consejera estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la entidad Sudcaliforniana, señaló que el
90% de las empresas en México son micro y pequeñas, las que más aportan y que
más batallan, mientras que las grandes representan solo el 10% y no enfrentarán
mayores problemas ante los nuevos cambios y retos que proponen desde el
gobierno federal.
Comentó
que el 50% de los comercios, en todas sus modalidades, operan en la
informalidad, por lo que la sobrerregulación y las imposiciones recaen sobre el
48% de las empresas formales.
La
empresaria aclaró que no les molesta pagar más a sus trabajadores, pero destacó
que, a diferencia del enfoque gubernamental, los colaboradores no son simples
estadísticas, sino familias.
En
este sentido, subrayó que quien verdaderamente gana con el aumento al salario
mínimo es el gobierno, ya que se incrementarán los pagos del impuesto sobre
nómina, el impuesto sobre la renta, así como las cuotas al Infonavit y al
Seguro Social.
Advirtió
que, incluso si el salario mínimo se elevará a mil pesos diarios, no sería
suficiente debido al alza en los precios de la canasta básica y los costos de
servicios esenciales como agua potable, electricidad, internet y transporte.
Cabe
destacar que aunado a la propuesta de aumento al salario mínimo, la Cámara de
Diputados está promoviendo una fuerte agenda laboral. Entre las propuestas ya
aprobadas se encuentra la llamada Ley Silla, que prohíbe mantener a los
empleados de pie, además de contemplar el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días
y mayor flexibilidad en vacaciones, entre otros beneficios para los
trabajadores.