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Hoy es martes, 26 de noviembre de 2024

Aprueba Congreso de BCS cuentas públicas 2022 del IEE, Consejo de la Judicatura y API

• No fueron aprobadas las cuentas del INVI, IMMLC, CEA, organismos operadores de agua de Mulegé y La Paz, del FOIS de Los Cabos, ITESM y el ICA de Los Cabos.

Aprueba Congreso de BCS cuentas públicas 2022 del IEE, Consejo de la Judicatura y API

 

La Paz, Baja California Sur. - Este martes 29 de octubre, la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022, del Instituto Estatal Electoral, del Consejo de la Judicatura, así como de la Administración Portuaria Integral (API).

 

No fueron aprobadas las cuentas públicas del mismo ejercicio fiscal del Instituto de Vivienda del Gobierno del Estado (INVI), del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos (IMMLC), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de los organismos operadores de agua potable de los municipios de Mulegé y La Paz, del Fideicomiso de Obras de Los Cabos, del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé como del Instituto de Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos.

 

Durante dos sesiones ordinarias, la continuación del jueves 24 como la del mismo martes 29 de octubre, fueron sometidos a discusión y aprobación los dictámenes presentados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado que preside la diputada Gabriela Montoya Terrazas, así como la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, secretaria y el diputado Fernando Hoyos Aguilar, secretario.

 

Los dictámenes establecen que las áreas internas encargadas de la administración de los recursos públicos, acaten las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado y evitar su reincidencia.

 

Instruye también que deberán presentar las denuncias penales y administrativas correspondientes, e incluso tramitar el procedimiento de investigación de faltas administrativas, a efecto de deslindar responsabilidades por los hechos y omisiones y procurar la indemnización o reparación de los daños que en su caso se haya causado al patrimonio del ente público fiscalizado.