• La candidata a la presidencia del PAN exige al Gobierno de México rendir cuentas sobre la militarización de la Guardia Nacional y su incumplimiento de estándares internacionales en derechos humanos.
La Paz,
Baja California Sur.- Adriana Dávila Fernández, candidata a la presidencia
nacional del Partido Acción Nacional (PAN), criticó la militarización de la
Guardia Nacional (GN) y señaló que México debe acudir a cortes internacionales
por posibles violaciones a los derechos humanos derivadas de esta medida.
En rueda
de prensa, hizo énfasis en que la actual administración de Claudia Sheinbaum
Pardo no ha dado respuestas claras sobre el estatus militar de la Guardia
Nacional, la cual, afirma, "está adscrita a la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA)".
La
candidata destacó que, según la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales firmados por el país, el Gobierno
mexicano tiene la obligación de cumplir con estándares en materia de derechos
humanos, algo que considera no está sucediendo bajo la militarización actual.
"Exigimos
al Gobierno de México, y a Claudia Sheinbaum, que aclare qué significa para
ellos que ‘no esté militarizada’ la Guardia Nacional cuando, de hecho, está
bajo control de la SEDENA".
Según la
candidata, esta adscripción a la SEDENA y el tipo de formación que reciben los
elementos de la Guardia Nacional no corresponden a las necesidades civiles en
materia de seguridad.
La
militarización, aseguró, ha traído consecuencias negativas, como la reciente
tragedia en Chiapas, donde varios migrantes fueron asesinados en un incidente
relacionado con las fuerzas de seguridad.
"El
uso indiscriminado de la fuerza por parte del Ejército, ahora como Guardia
Nacional, está provocando que ya no sepamos si es una institución civil o
militar".
Asimismo,
subrayó que, según el artículo primero constitucional, México está obligado a
respetar y proteger los derechos humanos no solo a nivel nacional, sino también
de acuerdo con los tratados internacionales firmados por el país.
El
artículo primero de la Constitución Mexicana también establece que todas las
autoridades tienen la responsabilidad de promover, respetar y garantizar los derechos
humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Además, estipula que las violaciones a estos derechos deben
ser prevenidas, investigadas, sancionadas y reparadas.
La
aspirante a la presidencia reiteró que es imprescindible revisar la actuación
de la Guardia Nacional bajo estándares internacionales, ya que, según ella, el
enfoque actual no solo es ineficaz, sino que también representa un retroceso en
términos de derechos humanos.