La Paz, Baja California Sur. – Luego de que opositores a la reforma judicial lograran ingresar al recinto legislativo, por un llamado a sesionar de manera extraordinaria en el congreso de Baja California Sur (BCS), se logró llevar a cabo dos sesiones extraordinarias este miércoles 11 de septiembre, donde el Congreso del Estado aprobó por mayoría de 19 votos a favor y 2 en contra, la minuta con proyecto de decreto de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, enviada por el Senado de la República este mismo miércoles.

La asamblea legislativa agotó el trámite parlamentario y en una segunda sesión extraordinaria avaló el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

En la discusión, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) reiteró que es una reforma tramposa que no oculta su intención de apoderarse del poder judicial; cuestionó tres puntos referentes a la elección popular de magistrados, el número cuantioso de boletas que imposibilitarían la oportunidad de elegir y de la creación de un tribunal de disciplina judicial.

A favor de la reforma la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena) consignó que el pueblo sudcaliforniano, a través de su representación popular, se suma a un movimiento nacional a favor de una verdadera justicia social, austera, expedita y transparente “Queremos dejar en el pasado lo que significó abusos, opacidad corrupción en contra del pueblo y privilegios para unos cuantos”.

El diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) fijó su postura en contra, “No estamos a favor de nada que dañe a las instituciones y que nos han costado una vida de luchas sociales, y pidió que se les dé voz a los trabajadores del poder judicial asistentes a la sala de sesiones.

Por su parte la diputada Alondra Torres García (PT) cuestionó a quiénes están en contra de la reforma, y reflexionó en 40 privilegios de ministros tales como vehículos blindados, pago de riesgos, escoltas, alimentos, viáticos, seguros entre otros; afirmó que la reforma consiste en la refundación del poder judicial, rescata el derecho de las mexicanas y los mexicanos a una justicia pronta y expedita porque contienen la integración y un funcionamiento adecuado.

La reforma modifica, adiciona y deroga diversas fracciones de cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas, magistrados, juezas y jueces, por procesos de votación ciudadana.

Reducen el periodo de encargo de 11 a 9 años, así como el periodo de encargo de 15 a 12 años; elimina las salas, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo funcione en pleno y que las sesiones sean públicas.

Desaparece también la pensión vitalicia (el haber de retiro) para actuales y futuros ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la que las remuneraciones de ministras, ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces del poder judicial se ajustarán al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción alguna.

Cabe destacar que Baja California Sur se convirtió en el estado número seis en aprobar el dictamen; en Querétaro fue rechazado, mientras que al cierre de esta edición ya eran 16 entidades que han avalado la reforma, tales como Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Campeche y Sinaloa, se espera que en las próximas horas sea la Ciudad de México quien sea el estado numero 17 y con lo cual ya podría el titular del ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.