• Es acusado por el daño patrimonial contra el Instituto de Vivienda de Baja California Sur por casi 55 millones de pesos; la pena máxima que pudiera alcanzar los servidores públicos que cometan los delitos de peculado es hasta 15 años de prisión.
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La Paz, Baja California Sur.- La Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Baja California Sur (BCS), dio a conocer a la ciudadanía que fue
notificada por parte del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Baja
California Sur, que le fue negada la libertad a “Javier N”, ex servidor público
del Gobierno del Estado, específicamente del Instituto de Vivienda vinculado a
proceso por el delito de hechos d corrupción.
A su vez
negada la protección de la justicia federal, respecto de la medida cautelar
de prisión preventiva justificada solicitada por el Fiscal Anticorrupción
de Baja California Sur que dictó el Juez de Control del Partido
Judicial de La Paz en la audiencia inicial del primero de febrero de dos mil
veinticuatro y su continuación de seis de febrero de dos mil veinticuatro; por
lo cual continuará privado de la libertad y en prisión en el interior del
Centro de Readaptación Social de esta ciudad capital.
Como se dio a
conocer a la ciudadanía en febrero del presente año, el Juez de Control del
sistema de Justicia Penal con sede en esta ciudad de La Paz, decreto auto de
vinculación a Proceso en contra de un ex servidor público Estatal
identificado con el nombre de Javier “N” por el hecho que la señala como
delito de PECULADO previsto en el artículo 285 del Código Penal
vigente en el Estado.
Derivado de
un procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa realizado por la
Contraloría General del Estado de Baja California Sur, se procedió a dar Vista
del expediente administrativo a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, por una
serie de irregularidades administrativas detectadas en el manejo de la oficina
del Departamento de Contabilidad del Instituto de Vivienda de Baja California
Sur.
La Fiscalía
Anticorrupción inicio las investigaciones procediendo a recabar los datos de
prueba y evidencias como fueron una serie de entrevistas realizadas por los
Agentes del Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, así
como periciales contables que permitió determinar un daño patrimonial por el
monto de $54,876,222 (Cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta y
seis mil doscientos veintidós pesos MN) en agravio del patrimonio del
Instituto de Vivienda de Baja California Sur.
Con la
recolección de todos los datos de prueba y evidencias la Fiscalía
Anticorrupción pudo relacionar en los hechos investigados a un ex servidor
público Estatal que fue identificado con el nombre de “Javier” quien durante el
periodo del Noviembre del 2021 a Noviembre del 2023, tenía bajo su
responsabilidad la Jefatura de departamento de Contabilidad del Instituto de
Vivienda de Baja California Sur.
Ante tales
hechos el Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur solicito al Juez de
Control Orden de Aprehensión en contra del Ex Servidor Público Estatal
identificado como “Javier” para hacerlo comparecer a la Audiencia Inicial,
siendo necesario la ejecución de Orden de Cateo en el interior de un domicilio
de esta ciudad donde se ocultaba el imputado para evadir la acción de la
justicia, siendo localizado y aprehendió por Agentes de Investigación de la
Agencia Estatal de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía
Anticorrupción de Baja California Sur y presentarlo ante el Juez de Control
para la celebración de la Audiencia Inicial en donde se le hicieron saber los
hechos de corrupción que se le imputa.
La Fiscalía
Anticorrupción presentó argumentos y datos de prueba que crearon convicción al
órgano jurisdiccional del peligro de sustracción de la justicia del imputado,
por lo cual el Juez del Sistema Acusatorio del Partido Judicial de La Paz,
decreto auto de vinculación a Proceso en contra del ex servidor público
identificado con el nombre de “Javier” por el hecho que la señala como de
peculado previsto en el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado,
quedando DETENIDO y en PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA dentro del Centro de
Readaptación Social de Esta ciudad.
La pena
máxima que pudiera alcanzar los servidores públicos que cometan los delitos de
peculado es hasta 15 años de prisión en Baja California Sur.