La Paz, Baja California Sur.- María Guadalupe Saldaña Cisneros, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), expresó su preocupación ante la propuesta de reforma judicial en México propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Según la legisladora, dicha reforma pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y, con ello, la capacidad de los ciudadanos para defenderse de posibles actos autoritarios por parte del gobierno.

Durante una entrevista, Saldaña Cisneros explicó que, de aprobarse la reforma en el Senado, los jueces y magistrados serían elegidos a partir de una lista predefinida “por grupos que no necesariamente representan los intereses de la ciudadanía”.

“La gente va a elegir de una lista que previamente otros decidieron. En el caso de la Ciudad de México, el día de la elección, serían 25 boletas con alrededor de 640 nombres para elegir, de un listado de 4 mil. Yo quisiera preguntar: ¿qué persona puede discernir entre 4 mil nombres en una elección?”.

Uno de los principales puntos de preocupación para la legisladora es el impacto que esta reforma podría tener en la división de poderes, específicamente en la independencia del Poder Judicial, por ello, señala que actualmente, el Poder Judicial juega un rol fundamental al defender a los ciudadanos de decisiones que puedan afectar sus derechos, como la expropiación de tierras.

La líder albiazul también advirtió sobre el peligro de que los jueces elegidos bajo este nuevo sistema puedan verse comprometidos por los intereses de los grupos que los apoyaron para llegar al cargo; además de los riesgos políticos, informó sobre el impacto económico que podría traer la aprobación de la reforma e insistió que, sin un Poder Judicial fuerte e independiente que garantice la certeza jurídica, las inversiones en México podrían verse afectadas.

“Hoy quien tiene esa posibilidad de defender a un ciudadano, como un ejidatario al que quieren expropiar, es el Poder Judicial. Y claro, no es perfecto, pero lo perderíamos si pasa esta reforma […] quienes invierten en un país necesitan certeza jurídica. Si no la tienen, no invierten. Podría pasar que la gente no confíe en México, que las inversiones se vayan, y esto perjudica a quienes hoy tienen un empleo”.

La diputada concluyó su análisis haciendo referencia a la experiencia de Bolivia, donde un sistema similar fue implementado bajo el gobierno de Evo Morales y, según ella, resultó en un “completo fracaso”.