La Paz, Baja California Sur.- Tras el reporte del pasado 22 de marzo, donde se informara de un hallazgo de bolsas que contenían Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) en áreas públicas cercanas a la subdelegación de El Cardonal, en La Paz, la Asociación Civil México, Comunicación y Ambiente A.C., presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres empresas acusadas de desechar los citados residuos.

Carlos Álvarez Flores, presidente de la asociación, exigió a las autoridades que se ejerzan sanciones inmediatas contra las empresas Coba Industrial, S.A. de C.V.; Servicios Industriales para el Manejo del Medio Ambiente, S.A. de C.V. (SIMMA); y el Centro de Acopio Logysa BCS. Estas compañías están señaladas como presuntas responsables del abandono de residuos que podrían poner en riesgo la salud pública y contaminar el medio ambiente.

La denuncia popular, amparada en el Artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Artículo 125 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), fue presentada con pruebas que, según el líder de la organización, incriminan a las tres empresas en el delito ambiental. De acuerdo con la NOM-087-22-2002 y el Código Penal Federal, la disposición ilegal de residuos peligrosos puede castigarse con penas de uno a nueve años de prisión.

“Se llama contaminación organoléptica. Cuando dejan tirados cualquier residuo, en este caso, que son los que tienen patógenos que no se enferman, el viento levanta esos patógenos y lo lleva 10 ó hasta 15 km, o sea que los paceños, no sé cuántos habitantes hay aquí, pudieron haber respirado estos patógenos sin saberlo, ese es el problema, no es una cosa romántica, estamos hablando de un problema de salud pública. No es lo mismo que ocurre con los residuos industriales o la basura, que por cierto, se prende cada rato aquí el mugroso tiradero de La Paz y el de Cabo, pero en este caso esto es un problema mayor porque estamos hablando de bacterias que nos enferman y que pueden ser arrastradas muchos kilómetros, ese es el tema”.

·        Empresas bajo la lupa y exigencia de clausura

Álvarez Flores subraya la magnitud del daño y pide que las empresas suspendan temporalmente sus actividades mientras se inicia la investigación y hasta su conclusión, con el objetivo de que garanticen un manejo adecuado de los residuos. SIMMA, una de las acusadas, fue señalada por obtener contratos por 75 millones de pesos (MDP) en los últimos seis años, pero ahora enfrenta serias acusaciones por su presunta negligencia.

“Queremos una clausura temporal y una sanción ejemplar”, señaló el activista, quien también solicitó que la doctora Andrea Marcela Geiger Villalpando, delegada de PROFEPA en Baja California Sur, inicie un proceso penal contra las empresas.

·        PROFEPA toma cartas en el asunto

Andrea Marcela Geiger Villalpando, en representación de PROFEPA, confirmó la recepción de la denuncia y aseguró que se seguirán los protocolos legales correspondientes, y añadió que el proceso de evaluación de la denuncia podría tardar aproximadamente 30 días.

“Seremos muy cuidadosos en realizar todas las investigaciones pertinentes. Las sanciones pueden ir desde clausuras hasta sanciones económicas, dependiendo de lo que la Ley dicte en cada caso”.

Las investigaciones continúan, y tanto PROFEPA como la FGR serán responsables de determinar las sanciones y medidas a tomar para garantizar que las empresas cumplan con las normativas de manejo de residuos peligrosos, protegiendo así la salud pública y el medio ambiente.