Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar las tareas en tiempos de paz de los militares, a quienes el mandatario asignó crecientes tareas en su Administración.

La reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional (GN), un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil, obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones.

El dictamen, que ahora será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara baja y que pasará luego a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, fue criticado por la oposición y algunos organismos por advertir que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país.

Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.

Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.

Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La sesión comenzó con una serie de mociones de la diputada del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y los diputados de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Téllez y Víctor Palma, respectivamente, para suspender la discusión de esta reforma.

La diputada Laura Ballesteros, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), consideró que “México quiere paz y justicia”, pero “no quiere militarismo”.

La diputada oficialista, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María del Rosario, insistió que la formación de los elementos de la GN será militar, “pero en cuanto a su acción y ejercicio es policial”.

“La formación y disciplina de las fuerzas armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México”, añadió.

La diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) habló a favor del dictamen.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, defendió que este dictamen también faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”.

César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) se expresó en contra del dictamen:
Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación.

La Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.

Pero desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.