La Paz, Baja California Sur.- El caso de la presunta venta ilegal de licencias de alcohol por parte del exdirector de Comercio, Omar “N”, continúa su curso en el Ayuntamiento de La Paz. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral, Síndico Municipal, informó que el próximo 12 de octubre se llevará a cabo una audiencia clave donde se solicitará al juez la fijación de fecha para el juicio o en caso de que se considere necesario, la ampliación del plazo de investigación por dos meses más.

El servidor público aclaró que hasta el momento no se han presentado nuevas denuncias complementarias en este caso, pero asegura que la administración se mantiene firme en su postura de combate a la corrupción.

“No hemos presentado ninguna denuncia nueva. En el área de departamento jurídico se está recibiendo la información y se está haciendo la valoración respecto a qué denuncias presentar, porque tampoco queremos seguir retrasando el proceso; entendemos que es una postura también de la presidenta el combate a la corrupción y nos ayuda a que también los procesos avancen”.

Además, destacó que la vinculación de personas en el caso “será una señal contundente de que la administración municipal no se permitirá ni tendrá cabida prácticas ilegales” dentro de su estructura

Combate a la violencia de género.

En paralelo, el Ayuntamiento de La Paz también enfrenta casos internos de violencia de género. Martínez Mayoral informa explicó que hasta este día se han separado del cargo a varios empleados tras comprobarse su participación en actos de violencia verbal hacia mujeres trabajadoras dentro del municipio.

"Ya hemos tomado medidas. Tres casos de mujeres que fueron violentadas por compañeros en su lugar de trabajo han resultado en la separación de los agresores. La presidenta ha sido muy enfática en no tolerar estas conductas".

Finalmente, detalló que la administración municipal se encuentra comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en temas relacionados con la corrupción y la violencia de género, al reafirmar que se mantendrá la vigilancia sobre los procesos judiciales en curso y se trabajará en la creación de una administración más justa y eficiente.