La Paz, Baja California Sur.- El pasado viernes 23 de agosto por la mañana, alrededor de 100 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), acompañados por miembros de colegios de abogados y de la sociedad civil, se congregaron en una marcha pacífica para manifestar su oposición a la reforma al PJF presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.

La protesta inició al filo de las 8:00 a.m. desde el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en la calle Antonio Álvarez Rico y Colosio, con dirección hacia el Congreso del Estado.

Vestidos de blanco como símbolo de paz, los manifestantes avanzaron al ritmo de consignas como “No somos oposición, servimos a la nación” y “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”, buscando concienciar a la ciudadanía sobre las implicaciones de la propuesta.

La marcha, señalaron, tiene como objetivo no solo expresar su rechazo a la reforma, sino también abogar por un fortalecimiento real del sistema judicial a través de recursos adecuados y un enfoque centrado en la justicia.

Previamente, el miércoles 21 de agosto, los jueces y magistrados de diversas jurisdicciones anunciaron su adhesión a un paro nacional en señal de protesta, argumentando que la reforma, de ser aprobada, resultaría en un retroceso importante en la impartición de justicia en México, al advertir que, “lejos de abordar las carencias del sistema, la reforma podría tener efectos adversos, especialmente en áreas críticas como la salud y los derechos humanos”.

·        Llamado a atacar los problemas de raíz

Al llegar al Congreso del Estado, Jorge Alberto Camacho Pérez, juez y director regional de la Asociación de Jueces de Distritos y Magistrados del Circuito del PJF en BCS, tomó la palabra para expresar las preocupaciones del gremio, indicando que "no se va a resolver si cambian solo las cabezas de los titulares".

El juez también destacó la necesidad de atacar el problema de raíz, sugiriendo que se asignen más recursos a las fiscalías y a los defensores públicos federales como una medida efectiva y menos lasciva.

"Recordemos que el Poder Judicial de la Federación revisa hasta el final si algún acto de las demás autoridades fue contrario a derecho en la Constitución o los derechos humanos en los tratados internacionales […] es inhumano que nuestros defensores públicos federales, cuatro o cinco, tengan que atender 500, 600 o 700 asuntos al día,” lamenta. “Así no se les puede brindar una justicia pronta. El acceso a la jurisdicción, ahí es donde hay que dar más recursos; si en este caso los legisladores ven ese problema, con más defensores públicos se va a poder atender”.

·        Preocupaciones sobre la independencia judicial

Otro punto, expuso el funcionario, es la propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante mecanismos tipo “tómbola”, lo que consideran comprometería la independencia del Poder Judicial al someterlo a intereses políticos en lugar de certificar la experiencia y capacidad de los postulantes.

"Estamos defendiendo sus derechos humanos. Está en riesgo después por poner a personas por tómbola, por intereses políticos, así no va a funcionar."

La movilización en La Paz es parte de un esfuerzo más amplio a nivel nacional para frenar lo que los trabajadores consideran una amenaza a la imparcialidad y eficiencia del sistema judicial mexicano.

La propuesta de reforma, aún en discusión, enfrenta fuertes críticas tanto de los empleados del poder judicial como de expertos legales y organizaciones civiles que argumentan que el enfoque debe mejorar las condiciones y recursos del sistema, y no cambiar su estructura fundamental de manera arbitraria.

La jornada de protesta concluyó con un llamado a los legisladores para que escuchen las demandas de los trabajadores del PJF, y se comprometieron a buscar soluciones que fortalezcan la justicia en México sin comprometer su autonomía.