La Paz, Baja California Sur.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur (BCS) informó mediante entrevista con Diario El Independiente que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la dependencia estatal con mayor número de quejas ciudadanas por supuestas violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, durante la temporada de regreso a clases.

Charlene Ramos Hernández, presidenta de la CEDH, detalló que las denuncias se relacionan con prácticas discriminatorias que aún persisten en algunas escuelas, como la imposición de normas de vestimenta y presentación basadas en estereotipos de género.

“Venimos arrastrando aún de una cultura tradicional, en sentido que aún conlleva con estos sexismos para las niñas, niños y adolescentes, y que en el pasado se decía que si no cumplías con llevar pantalón o no cumplías con llevar el cabello de cierta manera entonces se le negaba el derecho a la educación a las niñas, niños y adolescentes” indicó la funcionaria.

Estas políticas escolares, comentó, no están alineadas con las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y representan una presunta violación de derechos humanos.

Ramos Hernández también indicó a Diario El Independiente que los criterios actuales de la SCJN establecen que “las autoridades deben poner siempre el interés de la niñez por encima de cualquier otra situación”, por lo tanto, negar el acceso a la educación a un niño o adolescente por su forma de vestir o su corte de cabello constituye una falta grave.

“Evidentemente estaríamos hablando de una situación en la cual hay una presunta violación de derechos humanos, porque una situación de esa naturaleza no justifica que se le deba negar a un niño o una niña el acceso a la educación en nuestro estado”.

Sin dar cifras sobre la cantidad de denuncias, señaló que cada año se registra un aumento considerable, y refleja la necesidad de revisar y actualizar las políticas internas de las escuelas para garantizar que todos los estudiantes reciban un trato justo y equitativo para que respeten los derechos estudiantiles y eviten prácticas discriminatorias que impidan el acceso pleno a la educación.