Loreto, Baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que el pasado viernes 9 de agosto en el Centro de Justicia Penal de Loreto, obtuvo sentencia que suma  240  años de prisión para tres personas del sexo masculino, 80 años para cada uno, quienes fueron encontrados culpables del delito de secuestro agravado, por haberse cometido en grupo de más de dos personas con violencia en agravio de un hombre, hecho registrado el 25 de octubre del 2022.

De acuerdo a la carpeta de investigación en la Causa Penal J-69/2022 de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados, la mañana del 25 de octubre del 2022, los imputados llegaron a la playa Juncalito, donde se encontraba la víctima, una persona del sexo masculino a bordo de su vehículo, y amenazándolo con un arma de fuego, lo obligaron a bajarse y le ataron las manos para luego trasladarlo, a bordo de la parte trasera de su propio vehículo, a un domicilio que se ubica en el poblado de Villa Ignacio Zaragoza, donde lo mantuvieron privado de la libertad, para obtener datos de su tarjetas bancarias  y obtener un beneficio. Dos días después, lo trasladan al kilómetro 70 +200 del tramo carretero Insurgentes Loreto, e internándose en el monte, lo golpean hasta privarlo de la vida, posteriormente su cuerpo fue localizado en el lugar.

Una vez que la PGJE recibió la denuncia, la tetralogía de la investigación realizó las indagatorias y pudo establecer la identidad de los responsables del ilícito, y con base en los resultados científicos y jurídicos, los imputados fueron hallados y declarados culpables en la audiencia efectuada el pasado 15 de junio del año en curso.

Con este resultado concluyente, derivado de una coordinada y efectiva investigación penal por parte de los agentes del Ministerio Público de la mencionada Unidad, agentes estatales de investigación criminal y peritos, expertos en sus respectivas áreas, la PGJE refrenda el compromiso de combatir la impunidad en todos los ámbitos de su competencia para lograr que los transgresores de la ley, paguen penalmente las consecuencias de sus acciones ilícitas.