La Paz, Baja California Sur.- Derivado de la movilización nacional de empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de la reforma Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, manifestó su respaldo al derecho de protesta de los trabajadores, pero también aseguró que la reforma “no afectará las condiciones laborales del personal judicial”.

En entrevista, Castro Cosío señaló que "las y los compañeros tienen pleno derecho a expresar su inconformidad," al subrayar que es fundamental que los empleados del PJF ejerzan sus derechos democráticos; sin embargo, el mandatario estatal también recordó que, de acuerdo con la información oficial con la que cuenta, "ningún trabajador va a ser afectado" por la reforma, sugiriendo que existe una falta de comprensión o información errónea respecto al impacto real de los cambios propuestos.

“Mi opinión es que son reformas muy importantes para el pueblo de México, transformadoras, llenas de posibilidades de éxito para que la justicia se imparta de manera directa y el pueblo determine quienes van a ser los impartidores de justicia".

Según el funcionario, la propuesta busca democratizar el proceso de selección de los jueces, permitiendo que “el pueblo determine quiénes van a ser los impartidores de justicia”.

"Creo que es importante que los compañeros reflexionen y dejen pasar una reforma que es trascendente para la historia nacional", argumentó Castro Cosío, al convocar a los implicados a un diálogo abierto sobre las ventajas que la reforma podría traer al sistema judicial mexicano.

·        Contexto de la protesta

La declaración del gobernador llega en un momento clave, luego de que empleados del Poder Judicial en Baja California Sur y otras entidades federativas se incorporan a una serie de protestas y paros en oposición a la reforma. La propuesta, que está en discusión desde febrero, ha generado polémica debido a que muchos empleados judiciales y expertos legales consideran que podría socavar la independencia del Poder Judicial al politizar la designación de jueces y magistrados.