• Edgar Chávez Hernández, padre del infante, también expuso recibir actos de agresiones psicológicas en contra de su hijo, y acusa a diversas autoridades judiciales y civiles de Baja California Sur por complicidad y negligencia en el caso.
Fotogalería
La Paz,
Baja California Sur.- En un señalamiento directo contra diversas autoridades de
Baja California Sur (BCS), Edgar Chávez Hernández, padre de un menor de seis
años, denunció la negación de acceso a la justicia y actos de violencia
institucional que, asegura, han afectado la seguridad física y psicológica de
su hijo.
El padre
expone que, a pesar de múltiples denuncias presentadas ante el Juzgado Civil,
el Tribunal de Justicia del Estado y la Procuraduría General de Justicia del
Estado, éstas han sido omisas y negligentes en la protección de su hijo, quien
ha sido víctima de violencia familiar y, según sus declaraciones, de tortura
física y psicológica por parte de funcionarios públicos.
"Lo
que estamos viviendo no solamente es este acoso o desmedido y la
instrumentación de todos los recursos del Estado en mi contra y en contra de mi
hijo, también se está negando el acceso a la justicia de mi hijo y de la
seguridad jurídica de un niño de 6 años deliberadamente por parte de este
Juzgado Civil, principalmente que les estoy haciendo mención el día de hoy,
pero también por parte del Tribunal de Justicia del Estado así como de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, que teniendo conocimiento de todos
los hechos que vienen ocurriendo desde hace meses, de la andanada desmedida de
recursos jurídicos judiciales, y también por parte del acoso de la propia
Procuraduría, no han detenido este acoso como bien se los vengo dando ”.
El padre
del menor también señala que la violencia ha ido en aumento, al ser concretada
por funcionarios de diversas áreas y niveles que, asegura, “están coludidos
para encubrir los hechos y evadir responsabilidades”, al exponer que existe un
delito de tortura física y psicológica en contra del niño, el cual, se está
configurando diariamente “con la quiescencia de instituciones del Estado, así
como de funcionarios públicos con conocimiento, alevosía y ventaja".
Además,
Chávez Hernández acusa al Juzgado Cuarto de lo Familiar y a encargada del
despacho, Karla Yaxive Hallal Urquidez, de obstaculizar el acceso a la justicia
de su hijo y de no actuar frente a las denuncias de violencia presentadas desde
el año pasado que, según él, a pesar de contar con un peritaje concluyente que
demuestra el daño emocional sufrido por el niño, han ignorado la gravedad del
caso.
El
denunciante también reveló un episodio ocurrido en el Centro de Justicia para
la Mujer, donde él y su hijo fueron agredidos por un grupo de personas e
incluye a la madre del menor, sin que los policías ministeriales presentes
intervinieran.
"Fuimos
agredidos mi menor hijo, mi abogado y yo, por un grupo de ocho personas,
encabezados por la madre de mi hijo, que intentaron arrebatarme al niño frente
a los policías ministeriales, al interior de la institución, sin que estos
hicieran absolutamente nada", relató.
Finalmente,
Chávez Hernández insiste en que su hijo ha sido víctima de violaciones
sistemáticas en sus derechos humanos, lo que ha llevado a una grave situación
de tortura física y psicológica que, según él, podría haberse evitado “si las
autoridades hubieran actuado con la debida diligencia desde el año pasado”, al
señalar que "es muy grave que las autoridades implicadas informen a la
Procuraduría que no sucede nada, contrario a lo que ha sido documentado y
denunciado", concluyó.