La Paz, Baja California Sur.- La reforma al Poder Judicial de México, actualmente en proceso de aprobación, “podría convertirse en el mayor retroceso en la impartición de justicia en los últimos 40 años”, alertó Carlos Amed Rochín Álvarez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en Baja California Sur (BCS), al señalar que incluye la elección de ministros, magistrados y jueces por votación popular, la cual podría politizar el sistema judicial y comprometer su imparcialidad.

Rochín Álvarez también critica que la reforma no aborda cuestiones críticas como la falta de recursos y la ineficiencia del sistema judicial. A pesar de que la iniciativa se presenta con el argumento de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia, el abogado sostiene que en realidad podría utilizarse como un pretexto para consolidar el poder político.

"Esto podría comprometer seriamente la independencia del Poder Judicial, convirtiendo a los jueces en figuras políticas en lugar de guardianes de la ley […] la reforma se enfoca en el Poder Judicial, pero ignora otros aspectos esenciales del sistema, como el fortalecimiento de los ministerios públicos y el acceso a servicios legales gratuitos. Si no se abordan estos problemas, no estamos cumpliendo con el cometido de mejorar el sistema de justicia que merece México".

·        Modificaciones Controversiales

Otro punto de controversia es la modificación de las reglas sobre los amparos. Según Rochín Álvarez, la reforma limitaría la capacidad de los jueces para suspender leyes mientras se revisa su constitucionalidad, protegiendo solo al solicitante del amparo y no a todos los afectados.

"Esta modificación es una clara respuesta a las recientes suspensiones de obras como el Tren Maya y la reforma eléctrica. El gobierno no quiere que los jueces detengan proyectos mientras se revisa su legalidad, lo que podría debilitar una de las principales herramientas de protección de los derechos humanos en el país".

·        Consenso Nacional Necesario

Finalmente, el jurisconsulto subrayó que cualquier reforma de tal magnitud debe ser el resultado de un consenso nacional amplio y no de decisiones unilaterales, asegurando que desde el congreso federal se pretende legislar al vapor y con prisas, sin que esto refleje buenos resultados, e incluso, mencionó, esta reforma debería ser discutida y acordada por todos los sectores de la sociedad para garantizar su efectividad y legitimidad.